Una resolución judicial obliga a 105 trabajadores de Minera Escondida a reintegrar $8,5 millones por un bono considerado ilegal.
El fallo, calificado como «sin precedentes» por expertos laborales, afecta a trabajadores de la faena ubicada en Antofagasta y ha generado una intensa polémica sindical.
La polémica negociación que derivó en el reembolso millonario
Todo comenzó en 2019, cuando un grupo de trabajadores de Minera Escondida —organizados como Sindicato Interempresa— logró un bono de término de conflicto de $8,5 millones por persona. Este acuerdo fue fuertemente criticado por el Sindicato N°1, el gremio más grande de la empresa, que lo denunció por prácticas antisindicales.
Según los denunciantes, la negociación fue ilegal por no cumplir el quórum requerido y, por tanto, perjudicó al resto de los sindicatos. La Corte de Apelaciones acogió la denuncia en 2021 y anuló el acuerdo. Posteriormente, la Corte Suprema ratificó el fallo en enero de 2025, ordenando la devolución del dinero.
Descuentos por planilla y nuevo conflicto sindical
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta dio el siguiente paso: ordenó el reembolso a través de descuentos mensuales en los sueldos de los 105 trabajadores involucrados, hasta completar el monto total de $8,5 millones por persona.
Pero la situación se volvió aún más tensa cuando se reveló que 32 de esos trabajadores actualmente pertenecen al mismo Sindicato N°1 que lideró la denuncia. Esto generó un quiebre interno, con algunos afectados evaluando su renuncia por sentirse traicionados.
“Nos llama la atención que un tribunal falle contra trabajadores y que nuestro propio abogado impulse la devolución”, declaró uno de los implicados, cuestionando la actuación del sindicato y del abogado Marco López, representante del gremio en el proceso.
Visiones legales: ¿monopolio sindical o defensa de derechos?
El caso ha abierto un intenso debate en el mundo del trabajo. Para el abogado laboralista Jorge Arredondo, lo ocurrido expone una lucha por hegemonía sindical, donde un gremio busca invalidar beneficios negociados por otro.
“No es habitual que un sindicato quiera eliminar beneficios a otro grupo de trabajadores. Esto habla de un intento por preservar el monopolio de la representación”, afirmó, señalando que el trasfondo va más allá de lo legal y toca directamente el poder sindical dentro de grandes empresas.
