Una investigación de la Fiscalía Regional de Tarapacá, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML), permitió la detención de una mujer identificada como C.G.F.M., imputada por el homicidio calificado de su pareja en Iquique. El crimen habría ocurrido en octubre de 2024, mientras que los restos fueron hallados en febrero de 2025.
Antecedentes del caso
La investigación se originó en noviembre de 2024, tras una denuncia por presunta desgracia que reportó la desaparición de un hombre venezolano de 26 años, en situación de calle y con antecedentes de consumo problemático de drogas.
En total, se reunieron nueve testimonios que señalaron a la imputada —quien mantenía una relación sentimental con la víctima— como autora del hecho, indicando que junto a otros sujetos lo habría agredido y enterrado en un terreno de avenida Circunvalación con calle Sotomayor.
Hallazgo de los restos
En febrero de 2025, la fiscal regional Trinidad Steinert encabezó diligencias en el sitio señalado, con apoyo de brigadas caninas de la PDI y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En el lugar se encontraron osamentas humanas, confirmadas por el Consejo de Monumentos Nacionales y derivadas al SML para análisis de ADN, que ratificó la identidad de la víctima.
Peritos del SML concluyeron que los restos presentaban fracturas y señales de combustión perimortem, es decir, producida alrededor del momento de la muerte.
Detención y formalización
Con los antecedentes reunidos, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra la imputada, quien fue arrestada por Carabineros durante fiscalizaciones y puesta a disposición del tribunal el martes.
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El Ministerio Público formalizó a C.G.F.M. por homicidio calificado, considerando las agravantes de ensañamiento, premeditación y violencia intrafamiliar. Según la investigación, el crimen se habría concretado en octubre de 2024, cuando la mujer, junto a terceros aún no identificados, habría inmovilizado, golpeado y expuesto al fuego a la víctima antes de enterrarla.
El tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 120 días para la investigación.
