El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al ataque ocurrido la noche del sábado en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, que dejó un guardia forestal fallecido y otro herido. La autoridad señaló que el Gobierno presentará una querella por homicidio, aunque no descartó la aplicación de la ley antiterrorista, indicando que su uso “va a depender de los antecedentes”.
Querella y uso de la ley antiterrorista
En conversación con Radio ADN, Cordero afirmó que el Ejecutivo será querellante en la causa, pero que la definición respecto al uso de la ley antiterrorista dependerá de los resultados de la investigación.
“Este es un caso donde el Gobierno igualmente se va a querellar por homicidio. ¿En qué momento vamos a ocupar la ley antiterrorista? Eso va a depender de los antecedentes”, declaró.
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El ministro recalcó además que su intención es emplear dicha norma en este tipo de hechos: “Si usted me pregunta a mí, ¿Usted quiere utilizar la ley antiterrorista? Sí, la quiero utilizar”.
Calificación de terrorismo en la Macrozona Sur
Consultado sobre si para el Gobierno este ataque constituye terrorismo, Cordero sostuvo que existe claridad respecto a los hechos en la Macrozona Sur.
“El Gobierno ha sido muy claro que en lo que ocurre en la macrozona sur, en actos de violencia de estas características es terrorismo y el Gobierno ha ejercido las acciones de la ley antiterrorista en estos casos”, indicó.
El ministro precisó que una querella es una herramienta jurídica y no una declaración política: “El Gobierno no ha tenido ningún problema en calificar todos estos hechos como casos de terrorismo y así ha sido muy explícito respecto también de las acciones que he interpuesto previamente”.
Crimen de Michael Peñaloza
Cordero también se refirió a las declaraciones del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, tras la detención de un sospechoso en el caso del asesinato de Michael Peñaloza.
Según explicó, la intervención del jefe comunal podría haber puesto en riesgo la investigación que lideraba el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones (PDI).
“Esta es una investigación que llevaba el Ministerio Público con la PDI, donde se habían obtenido medidas intrusivas y órdenes de detención. Cuando el alcalde interviene, esas órdenes ya le habían sido entregadas a la policía”, señaló.
El ministro advirtió que la acción del alcalde ocurrió cuando aún había dos personas pendientes de ser detenidas, lo que podría haber afectado el procedimiento. “La orden de ingreso y la detención de la persona que se entrega se estaba ejecutando cuando esa persona se estaba trasladando a la comisaría”, agregó.
