La senadora María José Gatica (RN) solicitó a la Contraloría investigar la adquisición de un terreno en Valdivia por parte de la seremi de Obras Públicas de Los Ríos, Nuvia Peralta, ante un eventual conflicto de interés y uso de información privilegiada.
El predio, ubicado en el sector Cabo Blanco, corresponde a una zona considerada para la futura construcción de la Pista de Aguas Quietas, proyecto deportivo impulsado desde 2016 y actualmente en etapa de factibilidad. Según los antecedentes, la compra fue realizada en agosto de 2023 por $80.500.000.
Proyecto en evaluación
El terreno forma parte de los estudios de factibilidad del proyecto financiado por el Gobierno Regional, el cual busca fomentar los deportes náuticos en la zona. La iniciativa es coordinada por una mesa técnica encabezada por la Delegación Presidencial Regional, en la que participan el MOP, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND).
Observaciones de la senadora
En su presentación, Gatica advirtió que, aunque la seremi aseguró haberse abstenido de intervenir en el proceso, persisten dudas sobre un posible beneficio personal. El requerimiento señala que “la situación plantea fundadas dudas respecto de la existencia de un conflicto de interés y de un eventual uso de información privilegiada para la adquisición de un bien raíz que podría ver incrementado su valor producto de decisiones de política pública conocidas en razón de su cargo”.
La parlamentaria también cuestionó que el delegado presidencial regional, Jorge Alvial Pantoja, no hubiese tomado conocimiento oportuno de la compra, lo que —a juicio de la senadora— amerita indagar un posible incumplimiento de deberes de dirección y control.
Puntos que se piden aclarar
La solicitud enviada a la Contraloría incluye las siguientes materias:
- Revisión de probidad administrativa: determinar si la adquisición se ajusta a la Ley N°20.880 sobre probidad y prevención de conflictos de interés.
- Investigación de gestiones realizadas: indagar si hubo acciones u omisiones en la función de la seremi que pudieran haber influido en la selección del predio.
- Procedimientos disciplinarios: evaluar si existen antecedentes que justifiquen un sumario administrativo respecto de la seremi u otros funcionarios.
- Responsabilidad de la Delegación Presidencial: establecer si se incumplieron deberes de reporte y control en esta materia.
- Eventual beneficio económico: precisar si, de producirse una expropiación del terreno, la autoridad obtendría un provecho económico indebido.
- Directrices generales: analizar si corresponde emitir lineamientos para organismos públicos regionales a fin de prevenir situaciones similares en futuros proyectos de infraestructura.
