El Servicio de Impuestos Internos (SII) formalizó este lunes 15 de septiembre a 47 contribuyentes, entre personas y empresas, por evadir impuestos entre los años 2020 y 2022 utilizando lectores de tarjetas de crédito y débito sin declarar los ingresos correspondientes. La acción se basa en tres denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por un perjuicio fiscal que alcanza los $4.934.937.218.
La investigación del SII
La acción judicial es el resultado de una investigación conjunta de las subdirecciones Jurídica y de Fiscalización del SII, que recopiló antecedentes y presentó tres denuncias entre 2023 y 2024 ante el Ministerio Público.
Carolina Saravia, Directora subrogante del SII, explicó que los imputados aprovecharon que hasta ese periodo no existía una obligación para proveedores de medios de pago de exigir la acreditación del inicio de actividades. Esto les permitió operar sin fiscalización, canalizando transacciones y evitando declarar sus ingresos durante tres años consecutivos.
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Gracias al cruce de datos con documentos tributarios y otras fuentes, se pudo identificar a los contribuyentes que utilizaron estos medios de pago para eludir sus responsabilidades.
Delitos tributarios y perjuicio fiscal
La querella abarca una serie de delitos tributarios, entre los que se cuentan la presentación de declaraciones mensuales de IVA falsas (subdeclaración) y declaraciones anuales de renta fraudulentas al ocultar los ingresos por ventas. Además, se les imputa la omisión maliciosa de las declaraciones mensuales y anuales que correspondían.
El perjuicio fiscal total, calculado por el SII hasta septiembre de 2025, asciende a $4.934.937.218, cifra que considera tanto el IVA evadido como el impuesto a la renta omitido.
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Nuevas reglas para «emparejar la cancha»
Este caso refuerza la importancia de las nuevas regulaciones que entran en vigencia a partir del 1 de octubre, las que establecen la obligación de acreditar el inicio de actividades al usar medios de pago electrónicos, vender a través de marketplaces o prestar servicios al Estado o a municipalidades.
Según Saravia, estas medidas buscan “emparejar la cancha” para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, promoviendo la formalización y sancionando el incumplimiento de manera justa.
