La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de siete empresas procesadoras de centolla de la Región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos. La acusación apunta a un acuerdo para fijar los precios de compra del recurso a pescadores artesanales, el cual se habría extendido entre los años 2012 y 2021.
Por estos hechos, la FNE solicitó al tribunal la aplicación de multas que suman 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 54 millones (cerca de $51.870 millones). Adicionalmente, se pidieron sanciones por 511 UTA (aproximadamente US$ 445 mil) para los ejecutivos que habrían participado directamente en el acuerdo.
Las empresas requeridas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
Cómo operaba el acuerdo
Según la investigación de la FNE, los representantes de las compañías se coordinaban a través de reuniones presenciales, llamadas, correos electrónicos y grupos de WhatsApp para intercambiar información estratégica. El objetivo era definir un precio de inicio de temporada más bajo que en un escenario competitivo y, posteriormente, contener las alzas naturales del valor del producto entre julio y noviembre.
Este mecanismo afectó directamente los ingresos de los pescadores, ya que las empresas involucradas concentraron entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva en Magallanes entre 2017 y 2021. El recurso era procesado y exportado casi en su totalidad a mercados como China, Estados Unidos y México.
La fiscalía sostiene que esta práctica anticompetitiva anuló la independencia en la toma de decisiones, eliminando la incertidumbre propia de un mercado sano y perjudicando a los proveedores artesanales.
Relacionados
Investigación y delación compensada
Las indagaciones comenzaron en julio de 2020 a raíz de una denuncia. Durante el proceso, se utilizaron interceptaciones telefónicas y se realizaron allanamientos en las oficinas de las empresas en Porvenir, donde se incautó evidencia clave.
Un hito en la investigación ocurrió en febrero de 2021, cuando la empresa Bakkavör junto a tres de sus ejecutivos se acogieron al beneficio de la delación compensada. En su confesión, aportaron antecedentes que permitieron a la FNE acreditar la existencia y el funcionamiento de la colusión.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, destacó la importancia del caso para la persecución de delitos anticompetitivos en mercados regionales.
Relacionados
«Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales», sostuvo Grunberg.
Finalmente, la autoridad añadió que, si bien casi toda la centolla se exporta, «resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso«.
