La polémica en torno a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), comúnmente conocida como «Ley Uber», persiste, y ahora se intensifica con la revisión del reglamento por parte de Contraloría.
El nuevo reglamento, que impone una serie de requisitos para las plataformas de transporte, establece un proceso de inscripción de conductores y vehículos en los primeros seis meses de vigencia de la ley. Entre los requisitos, se destaca que los vehículos deben tener al menos 10 años de antigüedad y una cilindrada mínima de 1,4 litros. Además, los conductores deberán poseer una licencia profesional 12 meses después de que entre en vigencia la ley.
Impacto de la nueva normativa
Un estudio realizado por David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, evaluó el impacto de la ley. Según el informe, de los 107.500 conductores de aplicaciones móviles en diciembre de 2023, solo el 15,5% cumplía con todos los requisitos exigidos.
Específicamente, el estudio indica que el 37,2% de los conductores no cumple con los requisitos de antigüedad y cilindrada, mientras que el 78,3% carece de licencia profesional. Se estima que alrededor de 40 mil conductores se verán afectados por esta normativa.
Críticas a la ley
Según los críticos, la ley tendrá un impacto negativo en la competencia y la inversión en el sector. El congelamiento del registro de conductores por 18 meses, una vez constituido, limitaría la flexibilidad necesaria para los conductores que trabajan en estas plataformas.
«La esencia del trabajo en plataformas requiere flexibilidad para activarse o desactivarse. Congelar el registro afectaría esa capacidad y la posibilidad de empleabilidad en el tiempo», sostiene Bravo.
Además, se argumenta que la ley podría afectar a la competencia al establecer un registro cerrado, con cupos fijos, lo cual sería considerado una medida anticompetencia.
