Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo desaparecieron el 8 de diciembre tras salir a jugar fútbol en Guayaquil. Según testimonios familiares, los niños habrían sido perseguidos por militares durante un operativo en el sur de la ciudad. Uno de los menores, Ismael, contactó a su padre aquella noche, relatando que habían sido maltratados y abandonados en una zona desconocida.
Posteriormente, los familiares recibieron ubicaciones cercanas a la base militar de Taura y una camaronera, acompañadas de mensajes que indicaban que los niños habrían sido secuestrados por una mafia. Estas pistas no han sido suficientes para esclarecer el paradero de los menores hasta ahora.
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Militares bajo investigación por desaparición forzada
El caso dio un giro significativo cuando la justicia ecuatoriana imputó a 16 militares por desaparición forzada. Los uniformados fueron detenidos y se incautaron vehículos y teléfonos utilizados durante el operativo del 8 de diciembre.
Aunque el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, justificó el operativo como una respuesta a un supuesto robo, la Fiscalía desmintió esta versión al no hallar evidencia que la respalde. La base militar de Taura, epicentro de las operaciones, se encuentra bajo una intensa investigación.
Hallazgo de cuerpos calcinados aumenta tensión en el caso
El 24 de diciembre, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de Taura. Según las autoridades, los restos están severamente incinerados, complicando su identificación.
Billy Navarrete, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, informó que las familias de los menores fueron convocadas a la morgue para intentar identificar los cuerpos mediante características particulares. De no ser suficiente, se procederá con pruebas de ADN, cuyo resultado podría tardar hasta 40 días.
Familias exigen justicia en medio de la incertidumbre
El hallazgo ha intensificado las demandas de las familias y organizaciones de derechos humanos para que se esclarezca el caso. Este episodio ha sacudido a Ecuador, evidenciando problemas estructurales en los operativos de seguridad y el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
