La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, defendió la adquisición por parte del Estado de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, incluidas dentro del proyecto de creación de dos casas museo en Providencia. La compra de estos inmuebles, que implicó un desembolso superior a los $2.200 millones, ha generado una fuerte controversia, especialmente por la participación de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, como una de las beneficiarias.
Críticas desde la oposición
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, cuestionó la transacción, señalando que resulta «vergonzoso e inaceptable» que el Estado adquiera un inmueble de propiedad de una ministra en ejercicio. Además, anunció que la bancada evalúa recurrir a la Contraloría General de la República o al Tribunal Constitucional para determinar posibles incompatibilidades legales.
Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, calificó el gasto como una contradicción frente a las urgencias presupuestarias del país en áreas como salud y previsión. «Es grave que quienes recibirían este pago sean miembros de la familia Allende, incluyendo a la ministra Fernández. Esto podría constituir una negociación incompatible», afirmó.
Respuesta del Gobierno
Frente a los cuestionamientos, Etcheverry enfatizó que la compra de estas casas históricas es parte de un proceso de conservación patrimonial, aún en desarrollo. “El objetivo es que estas propiedades se transformen en casas museo para resguardar el patrimonio intangible histórico de Chile”, explicó.
La vocera subrayó que el proceso incluye diversas etapas administrativas, como la tasación, escrituración y análisis legal, y aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la transacción se realice de manera transparente y apegada a la ley.
Asimismo, indicó que los Ministerios de Bienes Nacionales y de las Culturas están realizando revisiones legales adicionales debido a la relación de los beneficiarios con cargos públicos. “Entendemos las preocupaciones y estamos trabajando para que el proceso sea irreprochable desde el punto de vista legal”, afirmó.
Fase actual del proceso
Etcheverry insistió en que la compra aún no ha concluido y que los análisis legales previos son estándar en estas operaciones. “Estamos en las etapas intermedias del proceso. Antes de finalizar la adquisición, se están realizando todos los chequeos legales para garantizar que se cumplan los estándares de transparencia y legalidad que exige un proyecto de esta naturaleza”, explicó la vocera.
Además, reiteró que el objetivo final es preservar y valorizar el patrimonio histórico del país a través de estas casas museo, las cuales representarán momentos clave en la historia democrática de Chile. “Estamos comprometidos con la conservación de estos espacios históricos, pero entendemos que el proceso debe ser completamente transparente”, concluyó.
