Un nuevo round político se desató tras la fallida compra de una propiedad ubicada en la calle Guardia Vieja de Providencia, que perteneció al expresidente Salvador Allende. La adquisición, que fue realizada con recursos públicos en diciembre de 2024, ha generado una serie de reacciones entre el gobierno y la oposición, siendo el Partido Republicano quien ha llevado este conflicto a instancias legales.
¿Qué ocurrió con la compra del inmueble?
La propiedad, cuyo valor alcanza las 24.291,72 UF (aproximadamente 993 millones de pesos), fue adquirida en un acuerdo entre el gobierno y Maya Fernández, actual ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende. Según la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por Raimundo Palamara, abogado vinculado al Partido Republicano, el presidente Gabriel Boric habría realizado esta compra en favor de Fernández, quien es descrita como una «colaboradora directa e inmediata» del mandatario.
En la querella se destaca que esta adquisición, al beneficiar a una persona cercana al presidente, constituye un delito de fraude al fisco. Además, el documento solicita al Ministerio Público realizar una serie de diligencias, entre ellas, investigar la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y tomar declaraciones a los funcionarios involucrados en la compra, incluido Boric.
¿Qué opinan los diputados republicanos?
Los diputados de la bancada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) han criticado duramente la situación, acusando al presidente Boric de no asumir su responsabilidad política. Luis Sánchez, jefe de bancada, afirmó que la compra y la falta de acción del mandatario suponen una «afectación a nuestra democracia» y que Boric está eludiendo su responsabilidad. Los diputados también aseguraron que, dado el contexto, era necesario recurrir al Tribunal Constitucional, ya que la ministra Fernández, junto con la senadora Isabel Allende (hija del expresidente), continúan ejerciendo sus cargos a pesar de la gravedad de los hechos.
Sánchez expresó su deseo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie rápidamente sobre el tema, ya que, según él, la situación podría llevar a la destitución tanto de la ministra Fernández como de la senadora Allende.
¿Qué ha dicho el gobierno?
Por su parte, el gobierno ha defendido la legalidad de la transacción y asegura que no hay irregularidades en la compra del inmueble. Sin embargo, la polémica sigue creciendo, mientras la oposición sigue cuestionando la falta de transparencia y lo que consideran un conflicto de interés debido a los lazos familiares y políticos de los involucrados.
El tema sigue siendo motivo de debate y, mientras el Tribunal Constitucional podría tomar cartas en el asunto, los actores políticos de ambos bandos se preparan para una nueva etapa en esta controversia.
