El rechazo por parte del Comité de Ministros al proyecto minero y portuario Dominga generó críticas desde el gremio de la minería, quienes calificaron la decisión como «decepcionante» y «contradictoria» respecto al proceso de evaluación ambiental.
Reacciones del gremio minero
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, expresó su descontento ante el rechazo unánime del proyecto, señalando que:
- El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta y las validaciones técnicas del proyecto no fueron consideradas.
- La decisión del Comité refleja, según Riesco, una «determinación política que contradice el mérito técnico del proceso de evaluación».
“Se perdió así la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas y de reafirmar que Chile es un país que acoge la inversión”, afirmó el líder gremial.
Críticas al manejo institucional
Riesco también cuestionó el uso de la legislación ambiental, calificando como “un mal uso de la institucionalidad” lo ocurrido con Dominga. Además, señaló que la empresa Andes Iron, responsable del proyecto, probablemente llevará el caso nuevamente a tribunales.
“No había razones para seguir con una judicialización obstinada e innecesaria, que lleva más de 12 años de tramitaciones y obstáculos”, añadió Riesco.
Argumentos del Comité de Ministros
El rechazo al proyecto se fundamentó en:
- Falta de información sobre biodiversidad: Se constató la exclusión de observaciones de Conaf relacionadas con especies endémicas de la zona.
- Insuficiencia del plan de contingencia: Según el Comité, el proyecto no considera un plan adecuado para prevenir derrames de hidrocarburos ni un plan de contingencia frente a vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo.
Respuesta de Andes Iron
La empresa calificó la decisión como «ilegal e inconstitucional», asegurando que sienta un “nefasto precedente” para futuros proyectos mineros en Chile. Andes Iron anunció que tomará acciones legales para revertir el rechazo, confiando en lo que resuelva el Primer Tribunal Ambiental y, eventualmente, la Corte Suprema.
