La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la entrega de agua potable a través de camiones aljibe en la región de Los Lagos. El organismo fiscalizador constató faltas en el control de distribución y aplicación de sanciones, que generaron reparos por un total de $138 millones en los contratos ejecutados entre 2021 y 2023.
Principales hallazgos de la auditoría
- Volumen inferior entregado:
- 15 proveedores distribuyeron menos agua de lo contratado, lo que generó un sobrepago por $68 millones que la Delegación Regional debía descontar, pero no lo hizo.
- Incumplimientos graves por Transportes Alexander:
- Esta empresa, querellada en 2023 por la Municipalidad de Puerto Montt por presuntas facturas falsas, incumplió su contrato con la Delegación Regional sin que se aplicaran las multas correspondientes, equivalentes a $70 millones.
- La Contraloría ordenó un sumario administrativo para investigar responsabilidades.
- Falta de multas por cotizaciones previsionales:
- Otras cuatro empresas no cumplieron con el pago de cotizaciones previsionales a sus trabajadores, lo que será objeto de otro proceso disciplinario.
- Irregularidades en los registros:
- Inconsistencias en las planillas de distribución de agua, incluyendo:
- Incumplimiento en la capacidad mínima de los estanques en algunos domicilios.
- Problemas en la verificación de firmas de receptores de agua.
- Inconsistencias en las planillas de distribución de agua, incluyendo:
Respuesta de la Delegación de Los Lagos
La delegada regional, Paulina Muñoz, informó que los pagos pendientes a los proveedores están retenidos mientras se resuelve la auditoría. Según Muñoz, cinco de las seis observaciones realizadas por Contraloría ya han sido respondidas.
«En ningún momento se debe realizar una entrega de recursos, los cuales están todavía en espera de una respuesta, que se va a dar próximamente», afirmó la delegada.
Además, la Delegación tiene plazo hasta el 7 de febrero para informar las medidas adoptadas para subsanar los hallazgos detectados.
Este caso sigue siendo monitoreado por Contraloría, que busca garantizar el correcto uso de los recursos destinados a la distribución de agua potable en la región.
