La ministra del Interior abordó este jueves los avances en la investigación del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, tras el megaoperativo que desarticuló una facción del Tren de Aragua en la Región Metropolitana.
Acusaciones contra autoridades venezolanas
El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que un testigo con identidad reservada indicó que la orden para asesinar al exteniente Ojeda habría venido de Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro y considerado el «número dos» del chavismo.
Carolina Tohá calificó estos antecedentes como de «enorme gravedad» y señaló que, de confirmarse, el Estado chileno podría recurrir a tribunales internacionales.
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«Una definición que no dejaremos pasar»
La ministra destacó la relevancia de las declaraciones entregadas por el fiscal nacional:
«El fiscal ha confirmado que hay antecedentes sustantivos que vinculan este delito horrendo con mandatos provenientes de autoridades venezolanas. Si estas hipótesis se confirman, no dejaremos pasar este hecho sin actuar.»
Asimismo, aseguró que una de las acciones que el Estado de Chile podría tomar sería recurrir al Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque puntualizó que esa decisión se tomará una vez que la investigación concluya.
«Chile no descartará ningún camino, pero es evidente que delitos de esta magnitud tienen implicancias internacionales y deben ser tratados con el máximo rigor,» afirmó Tohá.
Cooperación internacional y persecución penal
Sobre la búsqueda internacional de los miembros de la facción «Piratas de Aragua», Tohá subrayó la cooperación entre Chile y otros países para localizar a los involucrados.
«Hemos tenido avances importantes gracias a la colaboración de otras naciones. Hoy, la capacidad de perseguir penalmente a quienes intentan evadir nuestra justicia es mayor que en el pasado,» señaló.
También destacó que si bien Venezuela busca extraditar a los miembros del Tren de Aragua detenidos en el extranjero, Chile insistirá en que los delitos cometidos en su territorio sean investigados y sancionados localmente.
«Es nuestra prioridad que los responsables enfrenten la justicia chilena por los crímenes cometidos aquí,» concluyó.
