Hasta el 29 de mayo, los sectores productivos con el mayor número de proyectos judicializados en Chile son energía (29%), inmobiliario (18%), infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%). La inversión total comprometida es menor en comparación con la cifra que la misma entidad dio a conocer en febrero a través de un requerimiento de Transparencia. En aquella oportunidad, se informó de 62 proyectos bajo el mismo estatus y que sumaban US$11.516 millones.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un órgano técnico creado en 2010 en el marco de la reforma a la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, informó a través de una solicitud de Transparencia que actualmente hay 65 proyectos de inversión judicializados en el país. Estas iniciativas suman US$10.520 millones y los sectores productivos que acumulan el mayor número de proyectos judicializados son energía (29%), inmobiliario (18%), infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%). El monto total es menor en comparación con la cifra informada en febrero.
Según el detalle entregado por el SEA, hasta mayo hay 39 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 25 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en proceso de judicialización.
El 85% de los proyectos cuestionados mantienen su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, el 14% cuenta con un permiso ambiental desfavorable y el 1% restante sigue en evaluación.
Los cinco proyectos más costosos que cuentan con su RCA favorable y permanecen judicializados, según el catastro del SEA, son el Proyecto Línea 7 del Metro (US$2.528 millones), el Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví (US$2.000 millones), el Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones-Polpaico (US$1.000 millones), el Proyecto Blanco (US$527 millones) y el Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL (US$500 millones).
El proyecto de Metro de Santiago, al cierre de mayo de 2023, presenta un avance físico total del 10,2% y su judicialización se debe a una reclamación presentada por la Municipalidad de Santiago ante el Tribunal Ambiental de Santiago.
Expertos en derecho ambiental ofrecieron propuestas para disminuir la judicialización en proyectos de inversión. Ximena Insunza, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sugirió potenciar la participación ciudadana, fortalecer el proceso de consulta indígena y establecer la participación anticipada en los Estudios de Impacto Ambiental. También propuso crear una instancia posterior al Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en la cual las comunidades y los proponentes puedan coordinar medidas de mitigación, compensación y reparación, con el SEA como garante. Además, consideró indispensable cambiar el sistema recursivo de los Tribunales Ambientales.
Javier Naranjo, director de Jara del Favero Abogados, señaló que es parte de un Estado de Derecho que las decisiones administrativas puedan ser revisadas por los tribunales, pero destacó la importancia de contar con reglas claras conocidas por todos los actores involucrados para asegurar la certeza jurídica. Evitar cambios de criterio durante el proceso de evaluación es fundamental para poder cumplir con los requisitos de la autoridad y las expectativas del proyecto, lo que a su vez reduce los costos de evaluación y los posibles rechazos.
Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), enfatizó la necesidad de perfeccionar la normativa actual para lograr una certeza jurídica real. Señaló que el exceso de instancias de reclamación, en particular el uso del recurso de protección en asuntos ambientales, genera incertidumbre, demoras y desincentiva nuevas inversiones. En lugar de eso, se debe reevaluar el uso de estos recursos y reducir los canales de reclamación para impulsar la reactivación económica y reducir el déficit habitacional.
Desde el SEA, se observa un aumento de las acciones judiciales en contra de las resoluciones y actos administrativos relacionados con la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, destacan que la impugnación judicial de proyectos aprobados es baja, representando solo el 5,5% de los proyectos aprobados entre 2014 y 2023. Ven esto como un reflejo de un mayor acceso a la justicia por parte de una sociedad civil mejor organizada y con mayor asesoría técnica y jurídica.
La judicialización de proyectos varía según el tipo de proyecto, su envergadura y su ubicación. Las comunidades suelen oponerse a proyectos cercanos a sus hogares o actividades debido a preocupaciones sobre impactos en la salud y el estilo de vida. También se evidencia una preocupación por la protección de recursos naturales, áreas protegidas, patrimonio cultural, paisaje y turismo. La judicialización tiende a ser mayor en áreas con conflictos ambientales previos relacionados con proyectos anteriores.
En resumen, se requiere un enfoque integral para disminuir la judicialización en proyectos de inversión, que incluya reglas claras, participación ciudadana efectiva y un sólido sistema de evaluación ambiental. Esto permitirá garantizar la certeza jurídica, fomentar la reactivación económica y lograr un equilibrio adecuado entre el desarrollo y la protección ambiental.
Fuente: La Tercera
