El mecanismo del TAG: los miles de juicios fantasmas para cobrar deudas de autopistas en La Granja

A fines de 2021 el nuevo juez de policía local de la comuna denunció la existencia de un esquema de corrupción en el que funcionarios municipales habrían falseado centenares de notificaciones e inventado expedientes para cobrar millones de pesos y así conseguir la prenda de los vehículos de deudores en todo Santiago. Hoy, el alcalde Felipe Delpin (DC) es acusado de no denunciar y ocultar los hechos, mientras que el edil y los funcionarios involucrados acusan que han sido maltratados por el juez que denunció los eventuales delitos.

Eran los primeros días de octubre de 2020 y Felipe Ongaro Ahumada (58) llevaba menos de un mes como nuevo juez de Policía Local de La Granja. Había asumido tras ser elegido por Felipe Delpin (DC), alcalde de la comuna, entre tres nombres sugeridos por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Con el ánimo propio de quien llega a un trabajo nuevo, Ongaro se puso a revisar las miles de causas judiciales que se tramitan en el tribunal, que van desde faltas a la Ley del Tránsito a denuncias por Ley del Consumidor y cobro de deudas por el uso del TAG en autopistas urbanas. Pero hubo un hecho que llamó profundamente su atención.

Los registros daban cuenta de que en agosto de 2020, antes de su llegada, se habían realizado casi 100 audiencias de comparendo en un mismo día y a la misma hora, instancias en que las personas demandadas por las autopistas podrían ejercer su derecho a hacer descargos tras no pagar por usar las vías concesionadas. El juez sospechó, pues le parecía físicamente imposible hacer tantas audiencias al mismo tiempo.

Ongaro le pidió explicaciones a Juan Moya Zamorano, secretario del tribunal y quien era el juez subrogante en ese momento. “Lo hicimos porque sabíamos que la mayoría de los demandados no llegaría a las audiencias”, habría sido la justificación del secretario. Al mismo tiempo, Moya apuntó a Ricardo Matthews Ramírez (48) como el responsable en el tribunal de todo lo relacionado con las “causas TAG”.

Contratado a honorarios por menos de $ 600 mil mensuales, Matthews habría tenido el poder de repartir las miles de causas entre el escaso personal del tribunal. Se trata de un preciado botín, ya que el funcionario asignado cobra un promedio de $ 30 mil por cada una de las tres o cuatro notificaciones que se deben realizar en el domicilio de cada demandado. El dinero es pagado por quien demanda, en este caso, las autopistas concesionadas.

La respuesta de Moya abrió un baúl de secretos que durante al menos seis años estuvo guardado al interior del Juzgado de Policía Local de La Granja. Un mecanismo en el que se habrían realizado miles de juicios “imaginarios”, en que los funcionarios simulaban diligencias y escritos para así ganar dinero y favorecer a las empresas.

Según la denuncia que el juez Ongaro presentó a la justicia en diciembre de 2021, existirían cientos de notificaciones falsas por las que el mismo Matthews y otros funcionarios municipales habrían llegado a recibir hasta $ 10 millones extras cada mes. Con ello, las autopistas conseguían una vía expedita para retener los vehículos de los deudores y así presionarlos a pagar con la amenaza de un eventual remate.

El lunes 12 de junio pasado, el OS9 de Carabineros realizó un masivo allanamiento en las oficinas del Juzgado de Policía Local de La Granja, donde se incautaron cinco mil expedientes de demandas presentadas por las autopistas. Los hechos hoy son investigados en paralelo por la Fiscalía Metropolitana Sur, la Fiscalía de Las Condes y la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Todo esto tiene en pie de guerra al juez Ongaro y al alcalde Delpin, quien es acusado por los concejales de La Granja de no denunciar y ocultar los presuntos hechos de corrupción. La disputa es un nuevo impasse con sus concejales, con quienes ya había tenido problemas cuando La Tercera denunció la contratación de militantes DC en medio de la campaña que le dio el triunfo para liderar su partido.

Septiembre de 2020 parecía estar lleno de trabajo para el abogado Ricardo Matthews Ramírez, quien desde inicios de 2014 trabajaba a honorarios en el Juzgado de Policía Local de La Granja, a cargo de la tramitación de las causas por deudas del TAG.

Este tipo de juicios son iniciados por empresas de cobranza que representan a las concesionarias de las autopistas urbanas de Santiago bajo el amparo del artículo 42 de la Ley de Concesiones, el que establece que “cuando un usuario de una obra dada en concesión no cumpla con el pago de su tarifa o peaje, el concesionario podrá cobrarlo judicialmente”.

Una de las varias tareas de Matthews era ir como “ministro de fe” a las casas de las personas demandadas y acreditar que se les avisó que había un cobro judicial en su contra y que tenían derecho a defenderse, lo que técnicamente se conoce como “notificación”. Sin ese trámite, que se debe hacer presencialmente, el juicio no puede comenzar.

El 5 de septiembre de 2020 el abogado comenzó su jornada a las 11.53 horas, momento en que dejó en la puerta de una casa de Av. El Valle de Chicureo, en la comuna de Colina, una demanda presentada por la autopista Globalvía, concesionaria del tramo Santiago-Lampa de la Ruta 5.

Luego, en tan sólo siete minutos, Ricardo Matthews recorrió los 9,1 kilómetros que lo separaban de otra casa, en calle Los Ingleses de la misma comuna, donde dijo haber notificado otra demanda a 12 horas en punto. Según aplicaciones de viajes como Waze o Google Maps, a esa misma hora un recorrido idéntico en auto se puede realizar en un tiempo de 16 a 20 minutos.

Más tarde, su ritmo de notificaciones alcanzaría altos niveles de eficiencia. Sin parar y con lapsos de tiempo que en algunos casos son de dos o incluso un minuto, entre las 11.53 y las 19 horas, Matthews tocó la puerta de 59 domicilios en Colina. En total, dijo haber notificado exitosamente a 45 demandados por Globalvía.

En promedio, ese 5 de septiembre de 2020 el abogado visitó un domicilio cada ocho minutos, labor por la que cobró a la autopista honorarios de $ 1.925.000 por sus servicios de notificador. Es decir, en un solo día ganó casi cuatro veces su sueldo mensual en La Granja.

En su denuncia al Ministerio Público, Ongaro declaró que “las demandas, en general -salvo pocas excepciones-, no eran notificadas o se verificaban de forma irregular, lo que implicaba su desconocimiento para los demandados, lo que permitía que se fijaran en promedio en algunos casos 50 a 100 comparendos diarios con la sola presencia de los abogados de las autopistas”.

Además, el juez aseguró que al interior del tribunal funcionaba desde hace al menos seis años “un esquema piramidal que permitía la tramitación masiva de las referidas demandas”, lo que “constituía una fuente fundamental de ingresos para los funcionarios (…), esquema que estaba en plena coordinación con quien detentaba la calidad de juez subrogante, pero, asimismo, con quienes eran los demandantes, las autopistas concesionadas”.

Para Ongaro, otra prueba de este esquema había ocurrido un mes antes. En agosto de 2020, Globalvía habría ingresado en el Juzgado de Policía Local de La Granja 4.700 demandas de cobro de TAG en contra de personas de toda la Región Metropolitana. Esa misma jornada, todas fueron aceptadas a trámite por el tribunal.

Consultado por estos antecedentes, Globalvía respondió que no tiene ninguna información y que no han sido requeridos por el Ministerio Público, mientras que Ricardo Matthews prefirió no hablar mientras la investigación esté en curso.

En el segundo piso del edificio ubicado en calle Combarbalá 560, en La Granja, está la oficina de archivo del Juzgado de Policía Local de la comuna, sitio que fue allanado por el OS9 de Carabineros el pasado 12 de junio.

Por tratarse de un sistema de justicia “a la antigua”, que todavía funciona con expedientes de papel, a septiembre de 2020 se guardaban en ese lugar los documentos de las 138 mil causas que se tramitaban en el tribunal.

Pero cuando el nuevo juez Felipe Ongaro se hizo cargo del juzgado se percató de que en la sala de archivos también había dos escritorios, cada uno de ellos con un computador, una silla y una impresora compartida. El abogado asegura que los puestos eran ocupados por dos jóvenes hermanas de apellidos Sánchez Zúñiga.

Al revisar la planilla del personal del juzgado, todos funcionarios municipales de La Granja, Ongaro dice que no encontró los nombres de las hermanas. Es decir, estaban ahí sin tener ningún contrato laboral con el organismo dirigido por Felipe Delpin (DC). Ellas se habrían dedicado a elaborar bases de datos de los demandados por las autopistas, completando sus direcciones y vehículos a su nombre.

Sorprendido, el juez descubrió que el único vínculo de las hermanas con el municipio era ser hijas de Maribel Zúñiga Palominos, funcionaria de planta de la municipalidad desde 1995, quien también trabajaba en el juzgado tramitando y notificando demandas de las autopistas por deudas del TAG.

Al caso de las hermanas se sumó el de Carmen Gloria Díaz Aguilera, abogada que tomaba comparendos, elaboraba resoluciones y también notificaba demandas, con el cobro respectivo a las autopistas. En su caso, había trabajado a honorarios en el mismo juzgado entre abril de 2015 y diciembre de 2019.

Una vez vencido su contrato y sin sueldo municipal de por medio, Díaz siguió en funciones durante el año 2020 para la “Unidad TAG” dirigida por Ricardo Matthews, una materia que le era familiar. En su currículum figuran trabajos previos como procuradora en la tramitación de este tipo de causas para la autopista Costanera Norte y también cargos administrativos en empresas dedicadas a la cobranza de deudas de peajes.

“A la mencionada abogada se le ordenó por quien suscribe retirarse del tribunal, previa acta de entrega de todos los expedientes y causas que ella tramitaba, una vez que constaté que no era funcionaria. La Sra. Díaz aparece profusamente mencionada en las bases de datos relacionadas con la autopista Globalvía”, se lee en la denuncia del juez Ongaro ante la Fiscalía Metropolitana Sur.

Quienes sí eran funcionarias municipales asignadas al Juzgado de Policía Local y también aparecen mencionadas como personajes claves en las notificaciones masivas son María Angélica Maureira Sepúlveda (hoy jubilada) y Jessica Romero Manríquez. Esta última es personal de planta desde 1996 y coloquialmente ha sido apodada al interior del tribunal como “la 30 minutos”, por la exactitud en el lapso de tiempo en el que, supuestamente, notificaba las demandas presentadas por Autopista Central.

Por ejemplo, el 26 de septiembre de 2020 partió su día acreditando que comunicó una acción judicial en La Florida. Luego, en períodos exactos de 30 minutos, fue notificando otras 22 demandas, hasta llegar a las 19 horas a Maipú, donde tocó la última puerta del día.

Pero una incoherencia salta a la vista en los certificados de ese día que llevan su firma. A las 16.30 horas Romero habría intentado notificar una demanda de Autopista Central en calle Las Nieves, en Vitacura, y a idéntica hora habría hecho lo mismo en un domicilio de Av. Lago de Lugano, en Maipú. Entre las puertas de ambas casas hay 35 kilómetros de distancia.

La incongruencia se repite a las 17 horas, cuando la mujer dice haber tratado de ubicar sin éxito a dos personas distintas, una en el Pasaje Isaías de Maipú y otra en calle Tupungato de Vitacura. Pese a los errores evidentes, la calidad de “ministra de fe” de Romero validó las diligencias. Ese 26 de septiembre, Jessica Romero cobró $ 560 mil por todas las notificaciones.

En la época de los hechos denunciados, quien presentaba las demandas de cobro de Autopista Central era el abogado Álvaro Tonelli Esparza, quien en ese momento trabajaba para Acofk, empresa de cobranza contratada por la autopista. Hoy, Tonelli es funcionario de Autopista Central.

Consultados para este reportaje, desde la empresa señalaron que “comenzamos una investigación en cuanto tomamos conocimiento del tema. En ese sentido, estamos recabando toda la información y estudiaremos seguir acciones legales contra quienes resulten responsables, por el potencial daño que pudiese ocasionar a la imagen y credibilidad de Autopista Central”.

Tras las denuncias realizadas en 2020 y 2021 por el juez Ongaro, la Corte de Apelaciones de San Miguel inició una investigación por los hechos al interior del tribunal de La Granja. Pero a ello se sumó un nuevo sumario en contra del juez de Policía Local de La Granja.

“Lo ideal hubiera sido que este señor saliera de ahí, para que la investigación por hechos de violencia, y eso sí yo lo puedo ratificar, porque tengo los documentos, las denuncias que tengo por violencia verbal, psicológica, maltrato laboral de abogados del juzgado, funcionarios a los que yo entrevisté”, relató Delpin en el concejo municipal del 14 de junio pasado.

En el proceso disciplinario contra el juez se lo acusa de malos tratos verbales, de impedir el uso de vacaciones a los funcionarios del tribunal y de haber ingresado a los computadores que ellos utilizan al interior del juzgado. Entre los 10 denunciantes, hay nombres conocidos.

Juan Moya Zamorano, Jessica Romero Manríquez y Maribel Zúñiga Palominos, todos acusados por las presuntas irregularidades en la tramitación simulada de causas por deudas del TAG, son parte de las supuestas víctimas de malos tratos. Junto a ellos está también Valeria Gatica, hija de la secretaria personal del alcalde Delpin. En sus declaraciones, ninguno de ellos menciona el presunto esquema de corrupción.

Quien lidera la ofensiva de los funcionarios del tribunal es Diego Calderón Gajardo (32), abogado que en enero de este año fue contratado para desempeñarse en el Juzgado de Policía Local con un sueldo de $ 2.400.000. Anteriormente, Gajardo compitió contra el alcalde Delpin por la presidencia de la Democracia Cristiana y terminó entregándole públicamente su apoyo en la segunda vuelta de las elecciones internas de 2022, donde Delpin resultó ganador.

En el sumario por malos tratos, la fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictaminó suspender temporalmente al juez Ongaro del ejercicio de su cargo, medida que aún no se ha ejecutado, a la espera de que se resuelva un recurso presentado por el magistrado.

En una breve respuesta por escrito, Ongaro explica que por tratarse de investigaciones en curso no puede referirse públicamente al tema, pero que en la Corte de Apelaciones “constan también mis denuncias, las que fueron comunicadas a través de diversas presentaciones formales desde diciembre de 2020, también en conocimiento de la autoridad edilicia a la que usted alude (Felipe Delpin)”.

Por ahora, lo único cierto es que una de las autopistas involucradas, Ruta del Maipo, descubrió algunos de los eventuales hechos de corrupción develados por el juez. La empresa presentó el pasado 2 de marzo una denuncia en la Fiscalía de Las Condes acusando “un conjunto de infracciones y actuaciones que revisten caracteres de delitos por parte de miembros y/o dependientes del estudio jurídico Heredia Abogados”.

El bufete de abogados liderado por María José Heredia Maldonado fue el encargado de realizar, entre julio de 2017 y julio de 2022, la cobranza prejudicial y judicial a los clientes con dispositivo TAG que no pagaban sus cuentas tras circular por la Ruta 5 entre Talca y Santiago, tramo concesionado a Ruta del Maipo. Y para ello se habría vinculado estrechamente con Ricardo Matthews Zamorano, encargado de la “Unidad TAG” del juzgado de La Granja.

En el contrato con la autopista se estableció que Heredia ganaría $ 4.000 por cada demanda interpuesta y un 15% del monto de las deudas efectivamente recuperadas por medio de las acciones judiciales. Por su parte, Matthews y los demás funcionarios ganaban un promedio de $ 30 mil por cada notificación, lo que era pagado por las autopistas.

Tras realizar una auditoría, Ruta del Maipo detectó irregularidades como “evidentes deficiencias en la tramitación de las causas y referencias a ‘causas imaginarias’, inexistentes en el tribunal en el que supuestamente se tramitaban”. Además, coincidiendo con lo denunciado por el juez Ongaro, la empresa acusó que se hacían “notificaciones sin cumplir las exigencias legales” y hechas por “funcionarios no autorizados”. Por ello, la empresa espera que la justicia “adopte las resoluciones del caso”.

“Aquí se ha hablado en este concejo durante el año 2023, en al menos tres ocasiones, de algunas situaciones que tienen que ver con un posible maltrato del juez hacia funcionarios municipales. Sin embargo, no se ha contado que desde el año 2021 este municipio está enterado de otras situaciones que tienen que ver también con hechos de corrupción”, fueron las palabras con las que la concejala de La Granja Silvana Poblete interpeló al alcalde Felipe Delpin (DC) en el concejo municipal del 14 de junio pasado.

“A nosotros no nos interesan sólo los arbolitos o los perritos, a nosotros nos interesa cómo va la marcha del municipio. Nos interesa cómo de pronto llegan del OS9 al Juzgado de Policía Local, se llevan archivos y nosotros no teníamos idea por qué se estaban produciendo esos hechos”, señaló la edil en el concejo sobre la diligencia policial que se había desarrollado dos días atrás.

Visiblemente incómodo, Delpin contestó que no tenía información sobre la denuncia contra los funcionarios municipales del juzgado. “Yo no tengo los antecedentes respecto de eso, porque eso lo tiene que fiscalizar la Corte de Apelaciones (…) Si ahí hubo actos, que según el magistrado no correspondían, tenía que él informar a quien debía ser”.

Los juzgados de policía local son un caso particular de administración de justicia. Por un lado, el juez que lo dirige sólo puede ser supervisado por la Corte de Apelaciones respectiva. Por el otro, el municipio le paga su remuneración y le provee todos los recursos y personal para su funcionamiento, que detenta la calidad de funcionario público y tienen responsabilidad administrativa.

Tras la intervención de Delpin, el director jurídico del municipio, el militante DC Gonzalo Blanco, pidió la palabra. “No existe ninguna denuncia en el municipio, de parte del juez de Policía Local, que conste en el municipio, donde haya denunciado a alguien en particular participando de algún hecho ilícito, de hecho, tampoco existe en tribunales”, dijo Lobos con seguridad.

Pero los documentos que hoy están en manos del fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur y de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dicen todo lo contrario. De paso, ponen en entredicho que Delpin haya cumplido con su deber legal de denunciar a la justicia cualquier delito del que tome conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.

El 17 de noviembre de 2020, dos meses después de llegar al cargo, el juez Ongaro asegura que envió al alcalde Delpin el Oficio N°93. “Me permito solicitar a Ud. se sirva incoar, si lo estima a bien, un proceso disciplinario para los efectos de determinar eventuales irregularidades administrativas respecto de los antecedentes que a continuación paso a exponer”, parte diciendo el documento.

En el detalle, el juez relata las dificultades que ha tenido para recibir de parte del secretario y exjuez subrogante Juan Moya Zamorano una entrega formal y ordenada sobre las causas que estaban en trámite al interior del tribunal. Pero también, el juez le informó de las irregularidades con el personal que ocupaba las oficinas del juzgado.

“A la fecha que asumí como juez titular, ocupaba dependencias en este tribunal e intervenía en procesos la exfuncionaria de este juzgado doña Carmen Gloria Aguilera, quien me expresó que contaba con la autorización del Sr. secretario a lo menos desde el 2 de enero del presente año sin mediación de vínculo contractual”, señala el oficio.

Los mismos antecedentes fueron enviados a la Corte de Apelaciones de San Miguel en correos electrónicos y oficios el 13 de octubre, el 17 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020. Forzado por la misma corte, el 29 de diciembre de 2020 Delpin ordenó un sumario administrativo para investigar la responsabilidad del secretario Juan Moya en parte de los hechos.

Pero la Contraloría General de la República dictaminó que la investigación estaba mal formulada, por lo que Moya terminó absuelto de todos los cargos.

Al ser consultado por estos antecedentes y las acusaciones de los concejales, el alcalde de La Granja respondió que no conoce detalles de la denuncia y que “cada vez que yo he tenido una información formal y abundante, que no corresponda en el espíritu o a las funciones del municipio en donde se involucre a algún funcionario, inmediatamente termino pidiendo las investigaciones correspondientes”.

También insistió en que la fiscalización de funcionarios municipales del juzgado le corresponde a la Corte de Apelaciones de San Miguel: “Lo importante es que la Fiscalía y la Corte de Apelaciones actúen y determinen todos los hechos. Si hay personas que vulneraron las leyes y cometieron delitos, tendrán que asumir sus responsabilidades”, dice Delpin.

De momento, las investigaciones de la Fiscalía de Las Condes y de la Metropolitana Sur se desarrollan de manera separada. En esta última, donde se investigan presuntos delitos de cohecho, estafa, falsificación de instrumento público y prevaricación, ya se comenzaron a digitalizar los cinco mil expedientes que fueron incautados desde el tribunal el pasado 12 de junio.

El siguiente paso será comenzar a contactar aleatoriamente a quienes aparecen como demandados por las autopistas, para saber si efectivamente fueron notificados del cobro judicial de sus deudas.

Fuente: La Tercera