La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio, un proceso que se llevará a cabo de manera paulatina y en etapas debido a la gran cantidad de familias que residen en el asentamiento.
La decisión se tomó tras el rechazo de los recursos presentados por el Gobierno y los habitantes de la toma, quienes intentaron frenar la medida.
¿Cómo se llevará a cabo el desalojo de la megatoma de San Antonio?
El desalojo, programado para las 10:00 horas del 27 de febrero, se realizará con el auxilio de la fuerza pública y en varias fases progresivas, con el objetivo de ejecutar la medida de forma razonable y ordenada.
La principal razón detrás de esta estrategia es la gran cantidad de familias afectadas:
📌 4.100 familias residen en el sector.
📌 10.000 personas viven en la toma, según un catastro del Minvu de agosto de 2024.
📌 33% de los habitantes son menores de edad.
El Gobierno llama a la calma: “No es un acto inminente”
El Ejecutivo, a través de un comunicado, aseguró que el desalojo no será inmediato ni masivo, sino que se llevará a cabo de manera gradual.
«Este es un problema nacional. Actualmente, en Chile hay 1.432 campamentos distribuidos en todo el país», señalaron.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno?
El Ejecutivo ha trabajado para mediar entre los dueños del terreno y los habitantes de la toma, buscando soluciones alternativas.
📌 Reuniones con los propietarios: El ministro Carlos Montes se reunió recientemente con uno de los dueños del terreno.
📌 Organización en cooperativas: Se ha incentivado a las familias a agruparse para adquirir un terreno propio. Hasta la fecha, 3.200 familias se han inscrito para conformar cooperativas.
📌 Mesa de diálogo: El próximo lunes, representantes del Minvu, Ministerio del Interior y los propietarios sostendrán una nueva reunión para buscar una solución viable antes del desalojo.
Un proceso complejo y de alto impacto social
El caso de la megatoma de San Antonio refleja una problemática a nivel nacional: la falta de acceso a viviendas y la creciente cantidad de asentamientos informales en Chile.
El Gobierno aseguró que continuará trabajando en una solución definitiva para las 4.100 familias afectadas, intentando evitar un desalojo forzoso que podría generar graves consecuencias humanitarias.
