A mediados de febrero, en plena temporada de vacaciones, el Gobierno de Gabriel Boric se vio envuelto en una nueva controversia relacionada con la administración del presupuesto fiscal. El traspaso de $3,4 billones (equivalentes al 4,5% del presupuesto nacional) desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda en 2023 ha generado dudas sobre la transparencia y el uso de estos fondos.
Aunque el traspaso es legal, según los expertos, la falta de comunicación oportuna sobre el destino de estos recursos ha generado críticas en el Congreso y en la opinión pública.
¿Qué es Corfo y cómo generó estos recursos?
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) es una entidad estatal encargada de impulsar el desarrollo económico del país a través del financiamiento de emprendimientos, innovación y productividad en distintos sectores.
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Uno de los principales ingresos de Corfo proviene de la extracción de litio en el Salar de Atacama, mediante contratos vigentes con las mineras SQM y Albemarle. Gracias al alza en el precio del litio durante 2022 y 2023, Corfo recibió ingresos extraordinarios que, posteriormente, fueron traspasados al Tesoro Público.
El traspaso de fondos y el impacto en Corfo
Según un reportaje de The Clinic, durante el año 2023 Corfo realizó seis transferencias al fisco por un total de $3,4 billones, con una de las últimas solicitudes por 1.500 millones de dólares realizada en noviembre de ese año.
Si bien Corfo contaba con excedentes del litio, debió vender activos financieros para cumplir con el traspaso, lo que llevó a una posible pérdida patrimonial. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar esta última transferencia, argumentando que implicaba una reducción de los fondos patrimoniales de la entidad.
El impacto en Corfo
- La venta de activos financieros llevó a la pérdida de aproximadamente $193 millones de dólares en intereses durante 2023.
- Corfo terminó traspasando $281 mil millones más de lo solicitado originalmente.
- Los excedentes del litio quedaron en cero tras los traspasos al fisco.
¿En qué se gastó el dinero traspasado al Gobierno?
Una de las principales críticas al Ejecutivo es la falta de claridad sobre el destino de estos fondos. Al respecto, la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que los recursos se integraron al Tesoro Público, lo que hace imposible rastrear un destino específico.
Sin embargo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que el dinero se utilizó para financiar necesidades urgentes del país, incluyendo:
- Más vehículos policiales para Carabineros.
- Inversiones en salud y vivienda.
- Financiamiento de proyectos en ciencia y tecnología.
¿Fue legal el traspaso de fondos?
De acuerdo con expertos como Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central, los traspasos se realizaron dentro del marco legal. Según la legislación vigente, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de requerir recursos de agencias gubernamentales como Corfo cuando es necesario para equilibrar el presupuesto.
Sin embargo, la crítica principal apunta a la falta de transparencia y la posible afectación al patrimonio de Corfo, que cumple un rol clave en el desarrollo económico del país.
¿Se está comprometiendo la estabilidad fiscal?
El traspaso de recursos de Corfo ha intensificado las críticas hacia la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de la Dipres, Javiera Martínez. Desde la oposición se ha cuestionado la responsabilidad fiscal del Gobierno, sobre todo porque:
- Se retiraron US$1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en octubre de 2024.
- Se subestimaron los ingresos por repatriación de capitales, con una recaudación de $39 mil millones en lugar de los $591 mil millones estimados.
- Se cometieron errores en la proyección del Impuesto al Lujo, que recaudó US$11 millones en vez de los US$100 millones previstos.
- Se retrasaron transferencias de fondos a Gobiernos Regionales, afectando la ejecución de proyectos.
Investigación en el Congreso y dudas sobre el futuro
La UDI anunció la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja para analizar estos traspasos y la gestión del presupuesto nacional.
Algunos economistas advierten que estos movimientos podrían estar cubriendo un déficit presupuestario en lugar de destinarse a iniciativas concretas. Además, en 2025 el Gobierno deberá hacer frente a gastos comprometidos, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Un problema de comunicación y transparencia
Si bien el traspaso de recursos de Corfo al Gobierno es legal, el problema radica en la falta de información clara y oportuna sobre su destino. La incertidumbre generada por este episodio ha debilitado la confianza en la gestión fiscal del Ejecutivo, en un momento en que la economía chilena enfrenta importantes desafíos.
