El Duodécimo Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda de un dirigente sindical sometido a torturas en la Base Aérea de Colina durante la dictadura militar en febrero de 1974, ordenando al fisco el pago de $70 millones por concepto de daño moral.
Tribunal falla a favor de hombre torturado en Base Aérea de Colina en 1974
La magistrada María Sofía Gutiérrez Bermedo acogió la acción. Consideró que el Estado es responsable por crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles tanto desde el punto de vista civil como penal.
Cabe señalar que el afectado interpuso una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Solicitó que el ente estatal pagara la suma de $150 millones.
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El demandante tenía 22 años antes del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En ese tiempo, trabajaba como administrativo en el área norte de salud de Santiago. Además, era dirigente sindical de la FENATS en dicha zona. Esta incluía todos los consultorios de Colina, Tiltil, Batuco, Renca, Quilicura, La Pincoya, El Cortijo, entre otros.
Durante las noches, estudiaba Ingeniería de Ejecución en Mecánica en la Universidad Técnica del Estado. Militaba en el Partido Socialista y formaba parte de la dirección política comunal. Esta abarcaba el Hospital San José, Roberto del Río (de niños), J.J. Aguirre de la U. de Chile, la CCU, la Fundición Libertad y el Cementerio General, considerados frentes de masas importantes.
Además, el fallo indica que el 11 de septiembre de 1973 se le prohibió ingresar a su lugar de trabajo. Posteriormente, el 6 de febrero de 1974, mientras se encontraba en su casa junto a un amigo y sus primas, llegaron dos hombres vestidos de civil. Lo apuntaron con armas y lo trasladaron bajo amenaza de muerte en un taxi hasta el sector El Carmen, donde lo mantuvieron amarrado hasta aproximadamente las 19:00 horas.
Más tarde fue llevado junto a otros detenidos a la Base Aérea de Colina y encerrado en una celda. Allí fue sometido a interrogatorios con tortura y amenazas dirigidas a su familia.
“Que, de esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por el demandante, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarlo“, señala el fallo del tribunal civil.
