La Contraloría General de la República detectó falencias en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la región Metropolitana, incluyendo retrasos en la designación de directores ejecutivos, el uso irregular de más de $1.200 millones y una baja ejecución presupuestaria. Por ello, el ente fiscalizador instruyó un sumario en la Subsecretaría de Educación y en la Dirección de Educación Pública (DEP).
Informe Final y Hallazgos
Las irregularidades se dieron a conocer en el Informe Final N.° 784, publicado el 15 de julio. Se identificaron incumplimientos normativos, administrativos y financieros en el período entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Se hallaron deficiencias en las etapas de implementación, como retrasos de hasta 250 días en la designación de directores ejecutivos y demoras en el inicio de labores, afectando la planificación de gestión.
Además, más del 40 % de los procesos clave del traspaso presentaban un avance igual o inferior al 5 % a pocas semanas del cambio en la administración educativa.
Irregularidades en Uso Financiero y Ejecución Presupuestaria
Se constató un uso irregular de más de $1.200 millones en remuneraciones y deudas no permitidas. La baja ejecución presupuestaria, donde solo se ejecutó el 4,35 % de un presupuesto de $5.600 millones asignado en 2023, también fue evidenciada. Además, convenios por más de $5.300 millones para obras urgentes no han sido tramitados, cuestionando el uso de fondos públicos.
- La DEP debe gestionar la restitución de los recursos.
- Se cuestiona el cumplimiento de la Ley de Presupuestos.
Falta de Supervisión y Tareas no Ejecutadas
La Subsecretaría de Educación no supervisó debidamente las funciones delegadas a la DEP. Esta última no ejecutó las tareas relacionadas con la asistencia técnica para la elaboración de los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM). Ante esto, la Contraloría solicitó informes correctivos en un plazo de 60 días hábiles a ambas entidades.
Procedimiento Disciplinario
Ante las falencias detectadas, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario en la DEP y la Subsecretaría de Educación para garantizar la calidad del traspaso educativo, el uso eficiente de recursos y el derecho a una educación pública de calidad.
