La jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, fue formalmente imputada por el delito de prevaricación culposa tras su decisión de liberar a Carlos Alberto Mejía Hernández, uno de los presuntos sicarios formalizados por el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el «Rey de Meiggs».
Actualmente, la magistrada se encuentra suspendida de sus funciones, mientras avanza la investigación en su contra. Según información obtenida por Meganoticias de fuentes ligadas al caso, Rodríguez habría incurrido en una “negligencia grave o ignorancia inexcusable” al autorizar la excarcelación de Mejía Hernández, quien hoy permanece prófugo de la justicia.
El delito de prevaricación culposa, según la legislación chilena, se refiere a decisiones adoptadas por funcionarios públicos que, de manera negligente, dictan resoluciones injustas o contrarias a la ley. En este contexto, de ser hallada culpable, la jueza Irene Rodríguez podría enfrentar inhabilitación para ejercer cargos públicos y hasta la pérdida del derecho a sufragio.
Las sanciones por este tipo de delito varían según la gravedad del hecho e incluyen desde multas económicas hasta penas de presidio. En este caso específico, se indaga la responsabilidad de la jueza en la liberación de uno de los tres implicados en el asesinato del empresario José Reyes Ossa, crimen que ocurrió en junio pasado y generó un amplio impacto en la opinión pública por la notoriedad de la víctima en el comercio del sector Meiggs.
