La jueza Irene Rodríguez, investigada por la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía, decidió ser representada por la Defensoría Penal Pública tras ser citada en calidad de imputada por el Ministerio Público. La magistrada, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, fue imputada por prevaricación culposa relacionada con la liberación irregular de Mejía, formalizado por el crimen del «Rey de Meiggs».
Jueza imputada
La semana del 14 de julio, la jueza dio su versión de los hechos como testigo, entregando sus aparatos tecnológicos. El Ministerio Público la citó nuevamente como imputada. La jueza declaró ante el fiscal Marcos Pastén en una investigación de la PDI sobre una posible negligencia grave al liberar al homicida.
La magistrada, pese a tener derecho a guardar silencio, colaboró entregando sus dispositivos y autorizando el alzamiento de su secreto bancario. Decidió al principio «defenderse sola», pero ahora será representada por la Defensoría Penal Pública debido a la formalización que busca realizar el Ministerio Público.
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Negligencia o actuar doloso
La Fiscalía acusa a la jueza por prevaricación culposa, argumentando negligencia en su actuar, al no evitar el error que derivó en la libertad del imputado. Aunque se cometió un error en el apellido en la orden de prisión preventiva, existían formas de corregirlo, según la investigación.
Se investiga si la jueza actuó con negligencia o de manera intencional. El Ministerio Público revisa sus cuentas bancarias para detectar posibles pagos relacionados con este hecho. Adicionalmente, hay ocho imputados más en esta investigación, entre ellos una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes.
