El ministro Nicolás Cataldo anunció gestiones para revertir el dictamen que limita la TNE solo a fines educativos, apelando a su uso continuo desde 2015.

Con más de una década de políticas públicas vinculadas al acceso universal al transporte para estudiantes, el Gobierno chileno busca mantener la continuidad en el uso extendido de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo anunció que se presentará una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República, luego de que esta limitara su uso exclusivamente a fines académicos.
Dictamen de la Contraloría: un cambio de criterio
El reciente dictamen de la Contraloría General de la República establece que la TNE debe utilizarse solo para fines académicos, pese a que la tarjeta está habilitada para operar 24/7 durante todo el año. Esta resolución ha generado inquietud, dado que desde el 1 de enero de 2015 su uso ha sido ininterrumpido, sin restricciones de horario o finalidad.
Posición del Gobierno: corregir la contradicción normativa
El ministro Cataldo declaró que «como Gobierno queremos informar que obviamente compartimos las preocupaciones que emergían a partir de este dictamen, no por el dictamen en sí, sino más bien por la contradicción que se visualiza respecto a los circulares e instructivos que ha utilizado desde el año 2015«.
Añadió que, tras conversar con el Presidente de la República, el Ejecutivo buscará resolver esa contradicción mediante una nueva solicitud a Contraloría, con el fin de alinear el Decreto 20, que regula el transporte escolar, con los instructivos de Junaeb.
Impacto en estudiantes y transporte público
Cataldo subrayó que se busca restituir «a la brevedad, el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil los 365 días del año«, tal como ha funcionado desde 2015. Además, recalcó la importancia de clarificar qué se entiende por “fines educativos”, considerando la diversidad de trayectos diarios de estudiantes de educación básica, media y superior. Finalmente, advirtió sobre el aumento en la conflictividad entre conductores de transporte público y estudiantes, que esta nueva interpretación podría agravar.