El Gobierno y los dueños del terreno en la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso, llegaron a un acuerdo este lunes para suspender el desalojo programado para este jueves 27 de febrero. A través de un protocolo firmado, se busca establecer un camino para resolver la situación de los ocupantes ilegales del terreno, abriendo la posibilidad de una compra que podría poner fin al conflicto.
El acuerdo y sus condiciones
El ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto con los propietarios del terreno, acordaron que la Comisión Técnica creada para el caso analizará los detalles de la compra del terreno y trabajará en la viabilidad de la operación. Esta comisión estará conformada por representantes del Minvu, la municipalidad de San Antonio, y los propietarios, con el fin de abordar aspectos como el precio y las garantías.
En la reunión, los propietarios acordaron revisar una propuesta de compra para dar solución a la situación legal, que se deriva de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Este acuerdo busca asegurar que se cumpla con las decisiones judiciales sin generar un perjuicio para las partes involucradas.
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Suspensión del desalojo y siguientes pasos
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, destacando que permitirá evitar el desalojo que había generado preocupación en muchas familias. «Estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo con los dueños del terreno en San Antonio, un acuerdo con el que se solicita que no se aplique el desalojo», señaló Montes.
El acuerdo también establece que la venta del terreno se llevará a cabo a través de cooperativas, con el objetivo de garantizar que el terreno sea enajenado en un solo acto y bajo condiciones claras para las partes involucradas.
Comisión Técnica y plazos
El trabajo de la Comisión Técnica será clave para establecer las condiciones de la venta y garantizar que se resuelva la situación de manera eficiente. El protocolo de acuerdo también fija un plazo de seis meses para que la comisión concluya su labor, con un reporte final que deberá mantenerse confidencial.
Las autoridades siguen comprometidas con encontrar una solución justa y razonable para los habitantes de la megatoma, a la vez que se busca cumplir con los fallos judiciales que rigen este caso.
