La bancada de diputados del Partido Republicano ingresó una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras el ultimátum dado al presidente Gabriel Boric para exigir la renuncia de la secretaria de Estado.
Las razones de la acusación constitucional
Según explicaron los parlamentarios, la iniciativa se da en el marco de la crisis de seguridad que afecta al país, en donde las mayores críticas se las ha llevado la secretaria de Estado. El diputado Luis Sánchez aseguró que la acusación está fundamentada en dos capítulos, en los que se incluye parte de las discusiones jurídicas y planteamientos políticos que se hicieron contra la exministra del Interior, Izkia Siches; además de elementos de la acusación que se presentó en contra del exministro Andrés Chadwick en 2019, aunque claramente por hechos y visiones distintas, explicó el parlamentario.
Sánchez detalló que las causales de esta acusación «son haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la ley, y la inejecución de las mismas normas; causales y responsabilidades que son delimitadas a través de una relación de hechos, de datos y de argumentos jurídicos que se expresan en el documento».
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“Hay millones de chilenos que viven aterrorizados”
El diputado hizo un llamado a los diferentes diputados, más allá de su posición política, a que analicen los argumentos jurídicos y políticos de esta acusación. De hecho, adelantó que parlamentarios de Chile Vamos se abrieron a evaluar los antecedentes de esta AC. «Si hoy hemos tomado esta determinación es porque la seguridad es la primera prioridad de los chilenos (…). Hemos presentado esta AC porque la crisis que vive nuestro país en materia de delincuencia supera cualquier clivaje político o división entre izquierda y derecha (…). Hay millones de chilenos que viven aterrorizados», argumentó Sánchez.
Por su parte, el diputado Cristián Araya afirmó que «estamos viviendo la peor crisis de seguridad de nuestra historia (…). La ministra del Interior no ha estado a la altura y es un deber moral presentar esta acusación constitucional».
