El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró admisible el recurso de seis concejales de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler (PC), por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. Hassler tiene ahora un plazo de 10 días para responder a las acusaciones. En este contexto, el abogado Marcelo Brunet, patrocinante del requerimiento de los ediles, explicó que el objetivo es lograr su inhabilitación para cargos públicos por cinco años de la exjefa comunal.
Problemas en la Corporación para el Desarrollo de Santiago
Brunet señaló «problemas con la falta de control en transferencias de fondos por cerca de 8.762 millones de pesos», sumado a «irregularidades en rendiciones de cuentas» y un sistema de control insuficiente basado en documentos Excel sin respaldo contable formal.
Caso Clínica Sierra Bella
Brunet afirmó que, pese al archivo de la investigación penal, el hecho provocó un «daño reputacional a la Municipalidad de Santiago enorme». Subrayó que «esto estuvo en la palestra de todos los medios (…) afectando la imagen de la Municipalidad», lo que considera una responsabilidad grave de la ex autoridad.
- Daño reputacional importante.
- Responsabilidad grave de la ex autoridad.
Uso político en la entrega de tarjetas de alimentos
El abogado detalló que «la alcaldesa Hassler no solamente entregaba personalmente las tarjetas en forma tremendamente irregular (…) promocionando su figura». Recordó que la Contraloría y tribunales electorales han sancionado antes estas prácticas.
Inasistencia al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
Brunet citó el inciso 4° del artículo 94 de la Ley de Municipalidades: «La alcaldesa tiene la obligación legal de reunir al COSOC al menos cuatro veces por año bajo su presidencia. No se producían las reuniones o no llegaba derechamente».
Desequilibrio estructural severo en las finanzas municipales
Reveló que «el déficit acumulado al cierre de 2024 es de 13 mil millones de pesos». Agregó que la proyección inicial ocultó un déficit real de $16.800 millones y que para 2025 se estimaba uno de «$26 mil millones».
- Opacidad en la gestión financiera.
- Falta de transparencia.
El proceso se extenderá probablemente todo este año, con el Tribunal Electoral Regional y el Tribunal Calificador de Elecciones evaluando las pruebas. Brunet concluyó enfatizando el carácter histórico del recurso.
