El Gobierno reaccionó con fuerza tras la explosión de un artefacto explosivo en un edificio corporativo en Providencia, calificando el hecho como un delito terrorista en los términos definidos por la legislación vigente. La explosión, que no dejó personas lesionadas pero sí daños materiales, ocurrió frente a dos recintos escolares y en una zona de alta afluencia, lo que encendió todas las alertas de seguridad nacional.
Explosión en la noche: ¿Qué ocurrió en Pedro de Valdivia 295?
Minutos antes de la medianoche del domingo, un artefacto explosivo detonó en el exterior del edificio ubicado en Pedro de Valdivia 295, en la comuna de Providencia. En el lugar funcionan oficinas de varias empresas, entre ellas el laboratorio internacional Abbott.
El estallido provocó daños materiales considerables, aunque no se reportaron personas heridas. Frente al edificio afectado se encuentran dos importantes establecimientos educacionales: el Instituto de Humanidades Luis Campino y el Colegio Alemán Tomás Moro, ambos de los cuales suspendieron sus clases como medida preventiva.
Gobierno no titubea: “Es un delito terrorista”
Desde Pedro Aguirre Cerda, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue tajante:
“Esa bomba explotó, pudo haber ocasionado daño a personas, no solo a bienes. Es un hecho grave”.
El secretario de Estado apuntó a grupos anarquistas como los posibles responsables, advirtiendo que estos movimientos suelen utilizar el mes de mayo para actos de protesta violenta, especialmente contra entidades financieras, recintos educacionales o corporativos.
“No vamos a aceptar que grupos anarquistas o antisistemas amedrenten a la población”, agregó el ministro. Y reafirmó que el acto reúne las características que la ley contempla como delito terrorista, según la evaluación preliminar del Ejecutivo.
La historia se repite: antecedentes de ataques similares
Cordero recordó que el último incidente con artefactos explosivos de características similares ocurrió en 2023, aunque en ese caso las bombas no llegaron a detonar. El patrón, según las autoridades, se repite: explosivos instalados en contextos simbólicos, principalmente en mayo, con fines de intimidación y protesta radical.
“Son grupos que actúan de forma sistemática todos los años durante mayo. Es un patrón identificado por las fuerzas de seguridad”, sostuvo el ministro.
Posibles acciones legales: Gobierno evalúa presentar querella
Aunque la investigación está en curso, el Gobierno ya evalúa acciones judiciales formales.
“El Ejecutivo está estudiando seriamente la presentación de una querella, considerando que este acto tiene las características de un delito terrorista”, afirmó Cordero.
Estas declaraciones marcan un endurecimiento en la postura del Ejecutivo frente a este tipo de ataques, reforzando el mensaje de que no habrá espacio para la impunidad frente a hechos que atenten contra la seguridad pública.
