Desde Puerto Varas, el Presidente Gabriel Boric abordó con firmeza la reciente polémica por funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus licencias médicas, señalando que se tomarán medidas drásticas y categóricas contra quienes defrauden la fe pública. Paralelamente, la Contraloría General de la República anunció que está ampliando su investigación hacia las policías y las Fuerzas Armadas, para detectar posibles casos similares en Capredena y Dipreca.
Boric exige sanciones: “Muchos deberían ser destituidos”
El Mandatario no escatimó palabras y fue claro en su postura frente al uso fraudulento de las licencias médicas.
“Cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones drásticas y categóricas”, señaló Boric.
Además, enfatizó que los funcionarios identificados deben enfrentar sumarios administrativos, y en muchos casos, ser destituidos:
“No puede ser que estas prácticas se hagan costumbre”, remarcó, apuntando a la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el aparato público.
Contraloría en alerta: se investiga a Capredena, Dipreca y viajes dentro del país
En paralelo, la contralora Dorothy Pérez confirmó que el ente fiscalizador amplió su investigación no solo a funcionarios civiles, sino también a policías y militares activos o retirados que podrían haber incurrido en la misma práctica.
“Estamos realizando una revisión a Capredena y a Dipreca”, declaró, aclarando que hasta ahora el informe se había centrado en funcionarios adscritos a Fonasa e Isapres, pero que el segmento correspondiente a las Fuerzas Armadas y de Orden también será incorporado.
Además, Pérez indicó que los viajes nacionales también están bajo la lupa, ya que algunos trabajadores habrían realizado desplazamientos dentro del país mientras se encontraban con licencia médica vigente.
Otro hallazgo grave: funcionarios con doble empleo
Otro aspecto preocupante revelado por la Contraloría es la presencia de trabajadores públicos que, estando con licencias médicas prolongadas, prestan servicios para empleadores privados.
“Estamos analizando la situación de dobles empleados, porque hay funcionarios que llevan más de un año con licencia y en realidad están trabajando en el sector privado”, explicó Pérez.
Este punto podría derivar en sanciones administrativas, acciones judiciales e incluso cobros por devoluciones indebidas de remuneraciones.
Un problema estructural de larga data
La contralora también destacó que esta no es una práctica nueva, sino que es un problema crónico en la administración pública, presente “en distintas instituciones, épocas y gobiernos”, y que ahora se busca atacar de manera sistemática.
Tanto el Gobierno como la Contraloría coincidieron en que no se trata de casos aislados, sino de una problemática estructural que requiere intervención legislativa, regulatoria y ética para evitar su repetición.
