La Corte de Apelaciones de Rancagua cambia prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno a imputado en robo a Brinks.
Decisión Judicial sobre Caso Brinks
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Rancagua dictaminó una modificación significativa en las medidas cautelares de Manuel Jesús Gómez Riquelme, imputado por su participación en el robo a una sucursal de Brinks en O’Higgins, sucedido el 16 de agosto.
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Detalles del Cambio en Medidas Cautelares
Originalmente encarcelado bajo prisión preventiva, el tribunal, tras la revisión del caso, decidió aprobar el arresto domiciliario parcial para Gómez Riquelme. Esto implica que el imputado deberá permanecer en su residencia durante las horas nocturnas, específicamente de 22:00 a 6:00 horas.
Además, la corte impuso arraigo nacional y la obligación de firmar quincenalmente, como parte de las nuevas medidas restrictivas. Estas decisiones se fundamentan en distintos artículos del Código Procesal Penal, que permiten la modificación de las medidas cautelares según las circunstancias evaluadas por los jueces.
Contexto del Delito y Estado Actual del Caso
El caso de robo a Brinks ha destacado no solo por la magnitud del delito, sino también por la implicación de exmiembros de Carabineros, quienes actualmente enfrentan cargos por asociación criminal, robo con intimidación, incendio y receptación de vehículos. Todos ellos permanecen en prisión preventiva.
Este desenlace parcial surge cuando el abogado defensor, Leonardo Díaz, logra que su representado sea el primer imputado en recibir medidas cautelares menos severas en relación con este caso. Esto podría marcar un precedente importante para los futuros procedimientos legales vinculados al incidente.
Implicaciones Legales y Futuro del Caso
La resolución de la Corte de Apelaciones subraya la adaptabilidad del sistema judicial frente a los cambios en las circunstancias de los imputados. Mientras tanto, se espera que las próximas audiencias continúen revelando más detalles sobre la implicación de otros acusados y potencialmente, ajustes similares en sus medidas cautelares.
Este caso sigue siendo de alto interés público y prueba clara de la complejidad de los delitos organizados que involucran a entidades supuestamente protectoras de la ley.
