Tras un minucioso análisis, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, ha anunciado la revocación de 27 pensiones otorgadas durante el estallido social de octubre de 2019. Estas medidas se toman luego de una revisión exhaustiva de todos los casos de pensiones de gracia concedidas en aquel período.
Casos con antecedentes penales bajo escrutinio
La revisión gubernamental reveló que 69 personas, de un total de 418 beneficiarios, poseen antecedentes penales. Estos datos han generado preocupación y han desencadenado acciones concretas por parte de las autoridades.
La Contraloría General de la República detalla que 58 de estos beneficiarios cuentan con condenas por una variedad de delitos graves que incluyen estafa, producción de material pornográfico infantil, robo con violencia, homicidio, tráfico de drogas, abuso sexual y violencia intrafamiliar.
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Proceso de revisión y decisión
La Ministra Tohá ha explicado que cada caso pasó por un riguroso proceso de revisión que incluyó la intervención de una comisión especial. Destacó que el Presidente de la República fue quien tuvo la palabra final en este proceso de evaluación.
Distribución de las pensiones según gobierno
El análisis también ha arrojado datos relevantes sobre la distribución de estas pensiones en distintos períodos gubernamentales. De los 69 casos con antecedentes penales, 21 fueron otorgados durante el Gobierno del Presidente Boric y 6 durante el mandato de Sebastián Piñera.
Estos hallazgos han generado un debate sobre las políticas de concesión de pensiones de gracia en Chile, así como la necesidad de una revisión más exhaustiva de los beneficiarios y sus antecedentes.
