Escándalo golpea al Consejo de Defensa del Estado: 17 funcionarios son investigados por salir del país mientras estaban con licencia médica, según informe de Contraloría.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo clave en la lucha contra la corrupción, enfrenta una grave crisis interna. Una investigación reveló que 17 de sus funcionarios habrían realizado viajes internacionales mientras estaban con licencia médica, desatando la apertura de sumarios administrativos.
Funcionarios de confianza entre los involucrados
Entre los investigados se encuentra Marjorie Cárdenas, secretaria abogada y colaboradora directa del presidente del CDE, Raúl Letelier, así como su esposo, también abogado de la institución. Ambos habrían utilizado licencias médicas presuntamente irregulares para ausentarse del país, situación que agrava aún más el impacto del caso.
Cárdenas no es una funcionaria cualquiera. Antes de ocupar su actual cargo, se desempeñó como jefa de estudios del CDE y mantiene un rol de confianza dentro de la entidad. Su posición cercana a la presidencia del organismo genera cuestionamientos respecto a los controles internos y eventuales responsabilidades jerárquicas.
El CDE responde pero guarda silencio sobre detalles
Frente a la consulta periodística, el CDE confirmó que “ha instruido e iniciado los sumarios internos para todos aquellos funcionarios/as relacionados a la lista informada por la Contraloría General de la República”, añadiendo que no entregarán información sensible contenida en el informe.
La Contraloría no incluyó en el listado a ninguno de los 12 consejeros que conforman la cúpula del organismo, lo que de momento los mantiene fuera del foco. No obstante, el hecho de que una institución encargada precisamente de “la persecución de la corrupción y el resguardo del ordenamiento jurídico” esté siendo cuestionada por este tipo de prácticas genera fuerte repercusión pública.
Investigación busca establecer responsabilidades
La indagación interna tiene como objetivo verificar si existió una vulneración a la normativa que regula el uso de licencias médicas y si los viajes realizados comprometen el principio de probidad que rige la función pública. De comprobarse irregularidades, los involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso derivaciones penales si se confirma fraude al sistema.
Este nuevo caso se suma a una serie de cuestionamientos que han afectado a distintas instituciones del Estado por el uso indebido de licencias médicas, lo que refleja un problema más amplio de control y fiscalización dentro del aparato público.
