La abogada ambiental Paulin Silva Heredia presentó una demanda contra el fisco de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio en el año 2022, debido a los enormes vertederos clandestinos de ropa usada que se encuentran en el desierto de Atacama, los cuales incluso son visibles desde el Espacio.
Familia de Heredia vive cerca de vertederos
La familia de Heredia reside a pocos kilómetros de uno de los vertederos de ropa usada más grandes de Iquique. La abogada aseguró que debido a sus convicciones medioambientales, su residencia en la zona, su profesión y experiencia en el tema, decidió presentar la demanda de reparación del daño ambiental.
Demanda contra el Gobierno
Heredia demandó al Gobierno por su negligencia sistemática, falta de servicios y omisión, lo cual ha provocado daños ambientales graves. Además, acusa al Gobierno de poner en riesgo la vida y salud de los habitantes de Alto Hospicio, así como afectar un territorio de gran valor ambiental y su ecosistema.
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En una entrevista con Go Outside, Silva explicó que Chile es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica y que entre 2020 y 2021, fue el importador de ropa usada con el mayor crecimiento a nivel mundial. Se estima que anualmente se depositan entre 11 mil y 59 mil toneladas de prendas en el desierto.
Silva alertó que además de los grandes vertederos como el del sector La Mula, existen microvertederos dispersos por el desierto de Atacama. Asimismo, criticó la falta de voluntad del Estado para solucionar el problema y asumir responsabilidad por permitir por décadas el ingreso de estos residuos sin regulación.
Soluciones y consumo responsable
La abogada planteó que las soluciones existen, pero es necesario tener en cuenta la realidad socioambiental del territorio. Propuso implementar un lugar adecuado para la disposición final de estos residuos, asegurando que no representen un riesgo para el medio ambiente ni las personas. También hizo hincapié en la relación entre la situación y las formas de consumo, como el fast fashion y el consumo de un solo uso.
Sobre la demanda, Silva está a la espera de la sentencia para conocer las medidas de reparación, compensación y mitigación que determinará la justicia ambiental. El tribunal ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado proponer medidas consensuadas respaldadas técnicamente.
