El bloque de Chile Vamos, compuesto por los partidos UDI, RN y Evópoli, ha decidido presentar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por su involucramiento en la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Este controversial acuerdo, que implicaba un pago de casi 1.000 millones de pesos al Estado, fue cancelado tras denuncias de violación constitucional.
Argumentos de la Acusación Constitucional
La acusación, según un documento al que tuvo acceso La Tercera, se basa en la inconstitucionalidad que representa la firma de un contrato que involucraba un provecho patrimonial para la familia de la ministra, al vender un inmueble al Estado. Chile Vamos sostiene que, dado su conocimiento como parlamentaria y ex presidenta de la Cámara de Diputados, es imposible que Maya Fernández haya desconocido las normas constitucionales relacionadas con los contratos entre ministros y el Estado.
Fundamento Legal: Artículos 8 y 706 del Código Civil
El bloque de oposición argumenta que la ministra no puede alegar desconocimiento de la ley, citando el Artículo 8 del Código Civil, que establece que “nadie podrá alegar ignorancia de la ley”. Además, argumentan que el error en materia de derecho se considera un acto de mala fe.
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El Contexto de la Compra de la Casa de Allende
La compra de la casa de Salvador Allende, por parte del Estado, fue cancelada a principios de 2025 debido a las denuncias de violación constitucional. La controversia aumentó porque tanto Maya Fernández como su madre, Isabel Allende, figuran como propietarias del inmueble. La acusación señala que este contrato, realizado durante el mandato de la ministra, infringe el Artículo 37 bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado mientras estén en funciones.
Este escándalo político sigue siendo uno de los temas de mayor debate en el ámbito legislativo, y la acusación constitucional es la última herramienta utilizada por la oposición para exigir responsabilidades.
