La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), denunciando a un grupo de panaderos industriales de la provincia de Iquique, en la región de Tarapacá, por presunta colusión para aumentar coordinadamente el precio mayorista del pan durante el periodo más crítico de la pandemia de COVID-19.
Coordinación para subir el precio del pan entre 2019 y 2022
De acuerdo con la FNE, los involucrados sostuvieron reuniones presenciales entre noviembre de 2019 y agosto de 2022, periodo en que se habrían puesto de acuerdo para elevar de forma conjunta el precio del pan entregado a almaceneros, afectando a pequeños comerciantes y consumidores finales.
La investigación se originó a partir de publicaciones de prensa en 2020, que daban cuenta de un alza sistemática en los precios. A esto se sumaron denuncias formales realizadas por el Sernac Tarapacá, tanto en 2020 como en 2022, sobre aumentos irregulares en toda la provincia de Iquique.
Según la Fiscalía, los dirigentes Samuel Campusano y Marlene Martínez habrían desempeñado un papel clave en la coordinación del cartel, participando activamente en reuniones y difundiendo los incrementos a través de medios locales, con el objetivo de consolidar la conducta concertada.
Solicitudes de la FNE ante el TDLC
En su requerimiento, la FNE solicitó al TDLC:
- Multas por un total de aproximadamente $65 millones, tanto a los panaderos involucrados como a los individuos sindicados como organizadores.
- La implementación obligatoria de capacitaciones sobre libre competencia para todos los acusados como medida preventiva.
Declaraciones del fiscal nacional económico
Jorge Grunberg, fiscal nacional económico, recalcó la gravedad del caso:
“Para la FNE todos los carteles son inaceptables. Este caso da cuenta de que estamos muy activos monitoreando las regiones del país, especialmente en mercados sensibles para la ciudadanía”.
La FNE destacó que, por tratarse de un alimento básico, la conducta imputada reviste una especial gravedad, ya que afectó a miles de familias y pequeños comerciantes durante un periodo de alta vulnerabilidad económica para la población.
La denuncia ante el TDLC representa un nuevo esfuerzo por combatir prácticas anticompetitivas que afectan directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente en zonas alejadas de la capital y en productos de primera necesidad como el pan.
