Después de más de tres meses del rechazo en el Senado a la propuesta del Ejecutivo para permitir el levantamiento del secreto bancario, la Comisión de Seguridad de la Cámara ha reanudado la discusión legislativa. El tema se inserta dentro del análisis del Subsistema de Inteligencia Económica, donde nuevamente se ha ingresado la indicación para habilitar esta medida.
Este nuevo ciclo legislativo marca el comienzo del análisis en particular de una normativa que busca autorizar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a rastrear flujos de dinero vinculados al lavado de activos y delitos asociados al crimen organizado.
Controversias en torno a la iniciativa
Durante las semanas previas, expertos han manifestado inquietudes respecto al alcance de esta facultad, señalando que se trataría de una discrecionalidad administrativa otorgada a la UAF, con posibles riesgos de abuso de poder y afectación a la privacidad de los ciudadanos.
El diputado Cristián Araya, recientemente elegido presidente de la comisión, calificó la iniciativa como “una bomba de humo”, y cuestionó la existencia real de una necesidad para autorizar el levantamiento del secreto bancario.
Según antecedentes recientes, la UAF ha solicitado autorizaciones para levantar este secreto en diversas oportunidades, todas aprobadas en un plazo de 24 horas.
Tres criterios específicos definidos por el Gobierno
En respuesta a las críticas, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, precisó que el alzamiento del secreto bancario en sede administrativa se limitaría a tres situaciones excepcionales:
- Cuando el reporte de operación sospechosa provenga directamente de una entidad bancaria.
- Si el reporte involucra a un funcionario público.
- En caso de que el reporte sea emitido por una persona jurídica.
Además, la autoridad subrayó que esta facultad no transgrede las garantías constitucionales existentes.
Visiones políticas divergentes
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, expresó que, si bien no se opone a una flexibilización del secreto bancario, es necesario establecer con precisión quién tendría acceso a la información recabada.
Por su parte, la diputada Alejandra Placencia rechazó las objeciones a la medida, argumentando que quienes la critican estarían favoreciendo al crimen organizado y manteniendo espacios de opacidad que benefician a evasores y corruptos.
Durante la sesión, el Ejecutivo confirmó el ingreso de 45 indicaciones para continuar con la tramitación legislativa, en un proceso que se anticipa complejo.
