El Presidente Gabriel Boric fijó su postura sobre el manejo de las declaraciones del exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, llamando a «la resistencia armada» en la Macrozona Sur. Sin embargo, dos meses después, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que se invocaría la Ley de Seguridad del Estado por las incitaciones a la violencia del líder mapuche.
El caso llega a su etapa final
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Llaitul a 23 años de cárcel por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado, hurto y atentado contra la autoridad. El rol del gobierno con la ampliación de la querella fue fundamental para lograr esta condena. La exministra Siches tuvo un papel central en el proceso.
El intento fracasado de acercamiento
En marzo de 2022, la exministra Siches intentó entrar a la comunidad Temucuicui en La Araucanía, pero fue recibida con disparos y tuvo que retirarse rápidamente. Este incidente hizo que el gobierno decretara el estado de excepción «acotado» en las rutas de La Araucanía y el Biobío. Llaitul aprovechó esta situación para llamar a la resistencia.
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El cambio de postura
A pesar de las aprensiones del gabinete, Siches decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado después de que la abogada Luppy Aguirre revisara las querellas existentes contra Llaitul. La exministra convenció al comité político del gobierno de la necesidad de presentar la querella.
La condena y su fundamentación
Llaitul fue condenado a 23 años de cárcel, de los cuales 15 corresponden a los hechos invocados por la Ley de Seguridad del Estado. Sus declaraciones del 8 de enero, 24 de junio y 20 de julio de 2020, que incitaban a la violencia, fueron fundamentales para la condena. Además, la ampliación de la querella por parte del gobierno permitió relacionar estas declaraciones con otros hechos ilícitos cometidos en la zona.
La importancia de asumir causas con mirada de Estado
La condena de Llaitul muestra que cuando se toman decisiones más allá de lo ideológico, se pueden obtener condenas que envían señales de que en La Araucanía no puede haber impunidad.
