El debate sobre la dieta vitalicia que reciben los expresidentes de Chile ha cobrado fuerza en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discuten múltiples proyectos de ley que buscan modificar este beneficio. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos respecto al uso de recursos públicos y la edad de quienes acceden a este derecho.
Revisión del beneficio vigente desde el año 2000
Desde hace más de dos décadas está vigente la normativa que permite al Congreso otorgar una dieta mensual a los exmandatarios a través de fondos del Senado. Actualmente, este beneficio es percibido por Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, y podría en el futuro incluir también al presidente Gabriel Boric.
El origen del debate está marcado por la presentación de diversos proyectos legislativos que buscan reformar el sistema, cuestionando tanto la edad mínima para acceder a la dieta como los montos y asignaciones adicionales que los expresidentes reciben.
Cuestionamientos por edad y gastos adicionales
Uno de los argumentos más discutidos es la edad del actual mandatario, quien dejará el cargo con 40 años. Algunos parlamentarios consideran que, dada su juventud, tiene la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral como cualquier ciudadano. En paralelo, se ha criticado el nivel de los recursos públicos utilizados.
Por ejemplo, en mayo, la expresidenta Bachelet recibió cerca de $6 millones líquidos, además de $760.000 en concepto de traslado y casi $8,5 millones por asignación de oficina, alcanzando en algunos casos totales mensuales entre $15 y $18 millones por gastos operacionales.
Ante esta situación, algunos plantean que el beneficio se limite únicamente a una pensión base y que se excluyan las asignaciones por oficinas o traslados. Asimismo, se ha propuesto que solo se otorgue a expresidentes mayores de 60 años.
Opiniones divididas en la comisión de Constitución
El diputado Jorge Alessandri, presidente de la comisión, explicó que se realizó una tercera sesión donde participaron el secretario del Senado y el secretario de la Cámara. Ambos aclararon que las asignaciones entregadas desde 2020 tienen respaldo legal a través de leyes de presupuesto y acuerdos de régimen interno.
Además, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, intervino en la comisión manifestando su respaldo a la dieta vitalicia, aunque señaló que las asignaciones adicionales no son fáciles de justificar ni de administrar desde el Senado.
Por su parte, el diputado Marco Ilabaca señaló que el tema representa un debate relevante sobre los beneficios que reciben los exjefes de Estado. Sin embargo, cuestionó que Alessandri priorice proyectos según conveniencia política, dejando de lado otros temas urgentes.
El diputado Andrés Longton argumentó que, aunque se reconoce la responsabilidad del cargo presidencial, no es justificable financiar la vida posterior de los exmandatarios con fondos públicos de manera indefinida. A su juicio, corresponde modificar el beneficio para que este se active en la etapa de jubilación, considerando que expresidentes jóvenes aún pueden desempeñarse laboralmente.
Obstáculos para la reintegración laboral y postura del Ejecutivo
Durante la discusión, algunos legisladores expresaron preocupación respecto a la reintegración laboral de expresidentes, debido al conocimiento que tienen en áreas sensibles como inteligencia y seguridad nacional. Esto podría representar un riesgo de conflicto de interés si se incorporaran al ámbito privado, especialmente en empresas internacionales.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el presidente del Senado defendió el pago de la dieta y las asignaciones durante su intervención en la comisión. No obstante, también planteó la posibilidad de modificar el mecanismo actual de pago, ya que actualmente este se gestiona desde el Senado, diferenciándose de otras propuestas que buscan restringir o eliminar el beneficio.
