Un nuevo proyecto de ley promete agitar el debate sobre derechos laborales en Chile. Se trata de la propuesta presentada por parlamentarios del Frente Amplio que busca eliminar el tope legal de 11 años indemnizables por despido, vigente desde 1981, y reemplazarlo por un sistema que pague al trabajador por cada año efectivamente trabajado en la empresa.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La legislación actual limita la indemnización legal por años de servicio a un máximo de 330 días de sueldo, equivalente a 11 meses de remuneración. Es decir, aunque un trabajador haya permanecido 15, 20 o más años en una empresa, su compensación por despido no puede superar ese límite.
Lo que plantea este nuevo proyecto es eliminar ese tope, para que cada año trabajado se traduzca en un mes de indemnización, en línea con lo que estipulaba el Código del Trabajo de 1931, bajo el principio de “año trabajado, año pagado”.
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Según el diputado Andrés Giordano, impulsor de la iniciativa, “la ley actual penaliza a quienes han tenido trayectorias laborales largas y constantes. No hay fundamento técnico ni justicia en el límite de 11 años”.
El debate se instala en la Comisión de Trabajo
La discusión ya ha sido puesta en tabla por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Diego Ibáñez, quien confirmó que el debate y la votación del proyecto deberían realizarse dentro de un mes.
Ibáñez subrayó que se trata de restituir “el principio del derecho laboral clásico en Chile, que considera justa la compensación plena por todo el tiempo trabajado”. El legislador llamó a un “debate con altura de miras” que permita alcanzar un consenso en torno a la reforma.
¿Qué dicen los expertos?
Gloria Quinteros, abogada laboral y académica de la Universidad Central, si bien reconoció el impacto positivo para los trabajadores con mayor antigüedad, también advirtió que la medida podría representar una carga financiera significativa para las empresas, especialmente en contextos de despidos masivos o crisis económicas.
“Esto implicaría un retroceso para el mundo empresarial, porque nuevamente se obliga a las empresas a costear estos pagos sin respaldo del Estado”, afirmó Quinteros.
Desde el mundo empresarial se ha expresado preocupación respecto a los costos laborales asociados a la contratación de personas con proyección de permanencia en el tiempo, lo que podría llevar a preferir empleos más temporales o con menor estabilidad.
¿Qué efectos podría tener si se aprueba?
De aprobarse, el proyecto cambiaría de forma estructural la relación contractual a largo plazo entre trabajadores y empresas. Por una parte, fortalecería la seguridad laboral y premiaría la fidelidad del trabajador. Por otra, podría generar cautela empresarial frente a contrataciones duraderas, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Además, se abriría el debate sobre si esta medida debe ser acompañada por mecanismos de compensación estatal o incentivos fiscales para evitar un desincentivo a la contratación formal.
