La Contraloría General de la República reveló un preocupante informe donde expone graves deficiencias en el funcionamiento de los inhibidores de señal instalados en 10 penales del país, incluyendo Santiago 1 y la Cárcel de Alta Seguridad (REPAS), ambos ubicados en la Región Metropolitana.
En un documento de 80 páginas, el organismo fiscalizador dio cuenta de que internos han logrado vulnerar el sistema, realizando llamadas telefónicas y conectándose a datos móviles y redes Wifi, pese a la supuesta existencia de bloqueo.
Falencias en la supervisión y funcionamiento del “Sistema Guardián”
La Contraloría también destacó que no existen mecanismos eficaces para verificar si el sistema de inhibición cumple su función, e instruyó a Gendarmería a tomar medidas correctivas.
El sistema, denominado “Guardián”, fue implementado en abril de 2024 y tuvo un costo cercano a los $5.600 millones. Actualmente, solo funciona en 10 de los 79 recintos penitenciarios de régimen cerrado que existen en Chile.
Respuesta de Gendarmería
El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, defendió la operación del sistema: «Funciona tal y cual como se concibió y está plenamente vigente en cada uno de los establecimientos donde se solicitó el bloqueo».
Además, Urra lamentó la filtración del informe, argumentando que «lo grave es que muchas de las materias abordadas tienen relación con seguridad institucional y nacional, lo que nos afecta porque podría exponer información sensible».
La visión de la Fiscalía
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que «cuando se despliegan esfuerzos para evitar que las personas privadas de libertad sigan delinquiendo desde las cárceles, es inevitable que busquen maneras de eludir estos controles».
Valencia agregó que este tipo de informes deben ser tomados como una oportunidad para reconocer debilidades y mejorar los sistemas: «Lo importante es que las autoridades responsables tomen las lecciones del caso y adopten las mejoras necesarias», concluyó.
