En una semana marcada por revelaciones de la Contraloría, la fiscalización sobre la Asociación de Municipalidades Zona Oriente abre un nuevo flanco en la política local, evidenciando posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Un informe demoledor publicado este viernes expone cómo la disuelta AMZO habría financiado servicios de comunicación política y ejecutado millonarios gastos sin respaldo suficiente, profundizando el debate sobre la transparencia municipal.
Auditoría a fondo: recursos millonarios sin destino claro
La investigación de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, detectó que la AMZO desembolsó $1.348 millones en el fallido proyecto de reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada, sin que la obra llegara a término. Por esto, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea tendrán 60 días para analizar la viabilidad de retomar la iniciativa.
Este hallazgo pone en cuestión la capacidad de gestión y seguimiento de grandes inversiones municipales, algo especialmente sensible para los habitantes de la zona oriente de la capital.
Asesoría comunicacional y capacitaciones con foco político
Uno de los aspectos más controversiales del informe es la contratación de Ideograma SpA por $69 millones para asesoría en comunicación estratégica. Según la fiscalización, las capacitaciones entregadas incluyeron temáticas y talleres abiertamente ligados a estrategias políticas y campañas electorales:
- “Twitter en política – Equipo Joaquín Lavín Chile”
- “Instagram: Usos políticos y buenas prácticas”
- “Segmentación y ADS Campañas de publicidad en RRSS”
- “Facebook: Usos políticos y buenas prácticas”
- Taller de fotografía y escenografía política
La Contraloría concluyó que estos contenidos no se relacionan directamente con los fines institucionales de la AMZO, lo que genera dudas sobre el correcto uso de fondos públicos y el límite entre gestión institucional y apoyo político.
Falta de informes y servicios sin respaldo: posibles derivaciones penales
El informe detectó que entre 2018 y 2021 se pagaron $170 millones en honorarios sin que existan informes de actividades respaldando esos pagos. A esto se suman servicios por otros $271 millones sin documentación justificatoria, lo que motivó que el caso sea derivado a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.
Estos antecedentes agravan la percepción de opacidad en la administración de recursos municipales y abren la puerta a investigaciones penales y civiles que podrían extenderse durante los próximos meses.
El caso Orrego y un patrón preocupante
Esta nueva fiscalización se suma al reciente caso del Gobierno Regional Metropolitano, donde se identificó el pago de más de $31 millones para coaching directivo que habría abordado temáticas ligadas a la reelección del gobernador Claudio Orrego. Ambos casos, en menos de una semana, refuerzan la alarma sobre el uso político de fondos públicos y la urgencia de fortalecer los controles internos.
