La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia una situación que genera alerta: más de 3.500 funcionarios públicos en todo el territorio nacional habrían presentado licencias médicas emitidas por un grupo de 44 médicos extranjeros que actualmente son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía. La pesquisa se centra en la presunta venta o el otorgamiento fraudulento de estos documentos esenciales para justificar el reposo legal.
Este hallazgo, divulgado en el 13° Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo fiscalizador, detalla que los profesionales de la salud bajo sospecha extendieron un total de 10.111 licencias a 6.632 personas entre los años 2020 y 2022. De esta cifra, una proporción significativa, específicamente 3.532, corresponden a trabajadores que actualmente prestan servicios en el sector público.
El Alcance de las Irregularidades en el Sector Público
Los funcionarios involucrados provienen de diversas instituciones a lo largo del país, abarcando desde municipalidades y Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) hasta las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, Gendarmería, e incluso entidades privadas que reciben financiamiento estatal. Esta dispersión geográfica y sectorial subraya la magnitud del problema detectado por la Contraloría.
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Un dato particularmente revelador es que, del total de licencias analizadas, un 79% se atribuyó a diagnósticos relacionados con la salud mental, acumulando un impresionante total de 192.781 días de reposo autorizados. Además, se constató que 5.284 de los 6.632 trabajadores con licencias emitidas por los médicos investigados solicitaron nuevas licencias entre 2023 y 2025. De estas últimas, 1.208 fueron nuevamente otorgadas por 6 de los 44 facultativos bajo escrutinio.
Médicos Bajo la Lupa: Implicaciones y Acciones de la Contraloría
La investigación ha profundizado en el perfil de los médicos involucrados. Se ha determinado que 10 de estos profesionales ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. Un aspecto crítico que añade una capa de complejidad al caso es que 5 de ellos no poseían el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), un requisito indispensable para poder desempeñarse en el sistema de salud público chileno.
Ante este panorama de presuntas irregularidades, la Contraloría ha anunciado una serie de medidas contundentes. Se notificará a las diversas entidades públicas que actualmente cuenten con funcionarios en ejercicio que hayan presentado licencias de los médicos investigados. El objetivo es claro: iniciar los sumarios administrativos correspondientes. La existencia de una investigación penal en curso asegura que la responsabilidad administrativa de estos funcionarios no ha prescrito. Adicionalmente, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar las razones por las cuales dichos profesionales no contaban con su EUNACOM.
