Académicos cuestionan ley de retiro forzoso para mayores de 75 años en el sector público, excluyendo a legisladores y ministros.
El debate sobre el retiro forzoso en el sector público
Un protocolo de acuerdo incluido en la Ley 21.724 plantea el retiro de funcionarios públicos mayores de 75 años, generando críticas y preocupaciones entre académicos y la comunidad.
El profesor José Rodríguez Elizondo critica la «cultura anti viejos de Chile» al ser afectado por la normativa, planteando la discriminación por edad implícita en la ley.
- Existencia de un «edadismo» que no aplica a legisladores ni ministros.
- Modificación de normas para permitir indemnizaciones a funcionarios.
- Exclusión de figuras políticas del impacto de la norma.
La discusión se amplía al cuestionar el trato diferencial a legisladores y la falta de consideración por la población envejeciente dentro de la legislatura vigente.
Implicaciones en el sector público y las universidades estatales
Un total de 2.206 funcionarios públicos se verían afectados por la normativa, incluyendo a académicos de las 16 universidades estatales que superan los 75 años.
Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, es un ejemplo destacado, con 77 años en 2027. La ley plantea desafíos en la gestión de recursos humanos en sectores clave.
Reflexiones sobre la legislación cuestionada
Eduardo Toro de Conecta Mayor UC señala la paradoja de legislar en contra de una población envejeciente, mientras el país experimenta un envejecimiento acelerado.
La discusión queda abierta en relación con la productividad y eficiencia en edades avanzadas, desafiando los estereotipos sobre el retiro forzoso y la discriminación por edad en el mundo laboral.
Las estadísticas demográficas reflejan un escenario complejo, donde la normativa planteada genera controversia sobre la inclusión y el respeto a la diversidad generacional en la fuerza laboral del sector público.
