El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, permitiendo que la parlamentaria enfrente acciones legales en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.
Diputada pierde inmunidad parlamentaria
La Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó el desafuero de la diputada Catalina Pérez, ex militante de Revolución Democrática, en el contexto de la investigación del Caso Democracia Viva. Con esta decisión, la parlamentaria pierde su inmunidad y podrá ser formalmente acusada por la justicia.
La solicitud había sido presentada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), los cuales buscan procesarla por presuntos delitos de fraude al Fisco relacionados con millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
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El caso Democracia Viva y los convenios cuestionados
El escándalo estalló tras revelarse que la Seremi de Vivienda de Antofagasta entregó $426 millones a la Fundación Democracia Viva, dirigida en ese entonces por Daniel Andrade, expareja de Pérez. Los fondos estaban destinados a obras de infraestructura en campamentos, pese a que la ONG no tenía experiencia en este tipo de trabajos y se enfocaba principalmente en actividades políticas y comunitarias.
Las sospechas sobre un posible conflicto de interés y mal uso de recursos públicos llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación, en la que han surgido mensajes y documentos que evidenciarían que la diputada estaba al tanto de la entrega de los convenios.
Las acusaciones en contra de Pérez
A pesar de que la parlamentaria ha insistido en su inocencia, señalando que «equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal», la Fiscalía la imputa por tres delitos de fraude al Fisco, argumentando su presunta participación en la irregular entrega de los recursos.
El Consejo de Defensa del Estado, en tanto, presentó una querella contra la diputada acusándola de ser cómplice del delito de fraude al Fisco reiterado.
Con la aprobación del desafuero, el proceso judicial en su contra puede avanzar, abriendo la posibilidad de que enfrente cargos formales en tribunales.
