La exmandataria argentina fue declarada culpable de fraude al Estado y podría cumplir su pena en arresto domiciliario.
La Corte Suprema de Argentina confirmó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por su implicancia en un caso de corrupción estatal ligado a contratos de obras públicas.
El caso “Vialidad”: millonarios contratos adjudicados a un aliado político
La investigación conocida como “causa Vialidad” reveló que durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003–2015) se direccionaron contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas ligadas a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner.
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De acuerdo al fallo judicial, Cristina Fernández lideró una estructura organizada para defraudar al Estado, malversando fondos públicos mediante sobreprecios y licitaciones dirigidas. Los hechos se conocieron inicialmente a través de la investigación periodística “La ruta del dinero K”, encabezada por Jorge Lanata.
Seis años de prisión y veto perpetuo: la sentencia ratificada por la Corte Suprema
En 2022, la fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel, pero la condena quedó en 6 años de prisión efectiva más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este castigo fue ratificado por el máximo tribunal argentino, agotando así todas las instancias judiciales nacionales.
La condena genera un antes y un después en la política argentina, marcando la primera vez que una expresidenta electa democráticamente enfrenta una condena firme por corrupción durante su mandato.
¿Irá a la cárcel? Alternativas que se barajan para cumplir la condena
Actualmente, Cristina Fernández ya no cuenta con fuero parlamentario, lo que permite la ejecución inmediata de la condena. Sin embargo, debido a su edad —72 años—, su defensa ha solicitado el beneficio de arresto domiciliario, tal como lo permite el Código Penal argentino para mayores de 70 años.
La expresidenta dispone de cinco días hábiles para presentarse voluntariamente ante los tribunales de Comodoro Py, donde se definirá si cumple la sentencia en una cárcel federal o desde su domicilio.
Reacción política y acciones internacionales de defensa
Cristina Fernández ha denunciado reiteradamente que el proceso judicial tiene motivaciones políticas. Su abogado, Gregorio Dalbón, confirmó que han presentado una queja ante la Corte Penal Internacional de La Haya y estudian acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En sus últimas declaraciones, la exmandataria reafirmó su inocencia y acusó una persecución judicial orientada a impedir su retorno a la política activa.
