Errores en la justificación, desorden administrativo y mal uso de recursos. Esos son algunos de los argumentos que se esgrimen al interior de Convergencia Social (CS), partido del Presidente Gabriel Boric, para explicar qué fue de los $43 millones que figuraban como gastos pendientes de reconocer en los estados financieros correspondientes al periodo 2021, que finalmente debieron ser restituidos por el partido el 19 de junio de 2023.
Servel remite informe al partido de Gabriel Boric con observaciones pendientes
El 21 de noviembre de 2022, el Servicio Electoral (Servel) remitió al partido del Presidente un informe de 83 páginas con 61 observaciones pendientes de subsanar, antes de poder optar al financiamiento público que otorga a cada partido el organismo que encabeza Andrés Tagle, de acuerdo con la normativa vigente.
En una de esas observaciones se impugnaban los $43 millones que no estaban debidamente justificados en el balance del ejercicio contable de 2021. Los recursos cuestionados correspondían a los gastos operativos de la colectividad que se relacionan con el funcionamiento interno del partido.
El Servel da tres opciones a Convergencia Social para resolver la controversia
Ante la imposibilidad de justificar los gastos, el Servel entregó tres opciones para resolver la controversia: que el partido derivara los antecedentes al Ministerio Público, que el propio organismo electoral lo hiciera o bien que CS repusiera el dinero. Fue esta última decisión la que finalmente adoptó la colectividad.
Investigación interna y sanciones administrativas
Si bien los $43 millones fueron restituidos a través de dineros aportados por la propia militancia, la colectividad inició una investigación interna a cargo del Tribunal Supremo (TS) para determinar cómo se gastaron esos recursos y establecer posibles sanciones administrativas.
En enero de 2024, se sancionó con la suspensión de su militancia y derechos políticos a tres miembros del partido, que pertenecían a la administración de Alondra Arellano, excandidata a diputada por el distrito 14.
Los tres militantes sancionados
Según información de Transparencia a marzo de este año, los tres militantes se desempeñan como funcionarios públicos del Gobierno. Se trata de Camilo Araneda Carrasco, extesorero del partido y actual funcionario de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior; Amador Sepúlveda García, exmiembro del equipo de administración y actual asesor de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Segpres; y Daniel Luna Arias, exadministrador del partido y actual jefe de gabinete de la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS).
La rectificación del ejercicio contable 2021 y las explicaciones
Durante el proceso, se evidenció que el desorden de gestión y la falta de estructura del partido llevaron al Servel a cuestionar una serie de gastos. El dinero restituido al Servel provino de fondos de las cotizaciones y aportes de los militantes del partido.
El partido ahora busca poner en orden su administración interna y fortalecer sus mecanismos de control y transparencia para evitar futuros inconvenientes financieros.
