Este miércoles, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial un decreto que la industria eléctrica estaba esperando hace ya nueve meses.
Se trata de la fijación de precios de nudo promedio del sistema eléctrico nacional, un aspecto clave para la determinación de las tarifas que las empresas de distribución aplican a los clientes regulados, precios a público que se habían congelado desde fines de 2019, luego del estallido social. Los procesos de congelamiento de la tarifa eléctrica comenzaron con Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, o PEC1, que anuló el alza de 9,2% registrada en la segunda mitad de 2019, y retrotrajo los precios a los niveles fijados en el proceso del primer semestre.
Después vino la pandemia y el fondo de US$1.350 millones creado para solventar los mayores costos se agotó antes de su plazo original, proyectado para junio de 2023. Así, la nueva ley de estabilización, promulgada en agosto de 2022, conocida como PEC2, creó un nuevo mecanismo diseñado para morigerar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y creó un nuevo fondo por US$1.800 millones. Su aplicación, finalmente, se gatilló con el decreto publicado ayer.
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/YNOFVTR3HNEUPJDCZCJFQ2LGUY.jpg "Cuentas de luz de hogares de mayor consumo eléctrico subirán entre 10% y 16%")
En concreto, y según estimaciones realizadas por Empresas Eléctricas, el gremio que agrupa a las compañías distribuidoras, el decreto tarifario se traducirá en incrementos diferenciados para los clientes residenciales, siguiendo las reglas del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC). Así, los hogares cuyo consumo mensual en los últimos doce meses móviles sea menor a los 350 kWh experimentarán variaciones promedio cercanas al 2,5%. Ese segmento de consumo equivale a cuentas mensuales de electricidad de entre $40.000 y $60.000, variando de acuerdo a la zona geográfica en que se encuentre cada cliente. Y representa, según el gremio, el 90% de los consumidores. Según el proyecto de ley tramitado en 2022, los hogares con consumos bajo 350 kWh eran el 80%.
Sin embargo, los hogares con alto consumo eléctrico, que equivalen al restante 10% de los clientes, sufrirán mayores incrementos en sus pagos. La estimación de Empresas Eléctricas apunta a que los clientes residenciales con consumos entre 350 y 500 kWh mensuales, verían variaciones promedio de 10%, mientras que en los casos que se supere los 500 kWh, los incrementos promedio estarán en torno al 16,5%.
“Los clientes que presenten dificultades para pagar su cuenta, siempre pueden acercarse a su compañía eléctrica para regularizar su situación y buscar alternativas de pago”, señaló el gremio, por medio de un comunicado.
El ministro de Energía, Diego Pardow, recordó que la creación del MPC “tuvo por objetivo contener un alza de un 40% para la totalidad de los clientes regulados”, y que, gracias a ese mecanismo, “el 90% de los clientes residenciales no verán un aumento en sus cuentas de electricidad superior al IPC acumulado en los últimos meses”.
Pardow ya había reconocido que la protección tarifaria no alcanza a todos los hogares y recordó que se creó una mesa de trabajo que “definió avanzar en mecanismos de focalización en materia de protección tarifaria de clientes vulnerables y el establecimiento de mecanismos de contención para los segmentos de mayor consumo”.
“Estamos trabajando en conjunto con parlamentarios y actores de la industria para buscar fórmulas que nos permitan avanzar en esta línea durante la segunda mitad del año”, remarcó.
El retraso en la publicación de los decretos que fijan los precios de nudo promedio mantienen en alerta a los analistas del sector eléctrico, ante el efecto combinado que se pueda generar en un período acotado de tiempo. Esto porque el decreto recién publicado corresponde al segundo semestre de 2022. Es decir, aún resta por conocer el proceso del primer semestre 2023, y que, dado el atraso, estaría recién en condiciones de ser publicado en la segunda mitad de este año, retrasando también el siguiente.
Para Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, esta demora supone complicaciones para el éxito de los mecanismos de estabilización. “El próximo decreto, que está atrasado, tendrá un alza en la energía de entre 60% y 70%, lo que significa un alza final (en la cuenta de la luz) de entre 35% y 40%”, advierte.
El consultor explica que, desde el congelamiento a la tarifa de 2019, “los decretos se empezaron a retrasar porque no tenían un efecto tan grave, pero ahora para las empresas sí lo tienen”. Por ello, afirma que “el éxito de la nueva ley depende de que la Comisión Nacional de Energía publique los decretos a tiempo y que busque una solución para los clientes del tercer segmento”, dice en alusión a los clientes de mayor consumo.
Advertencias que comparten desde Valgesta. Su director ejecutivo, Ramón Galaz, apunta que, dada la acumulación de decretos tarifarios, para la entrada en vigencia del decreto del presente semestre, “el aumento del componente energía sería de un 48%” para los clientes de mayor consumo eléctrico, 18% para los de consumo medio y de 8% para el segmento de menor consumo.
En tanto, para el decreto del segundo semestre de 2023, estima que el aumento de precio de la energía sería de 16% para los mayores de 500 kWh (por sobre los dos aumentos anteriores); 14% para medianos; y de 4% para consumos menores”.
“En consecuencia, de publicarse todos los decretos correspondientes, el alza total que experimentarían los clientes regulados en sus cuentas finales, en sólo seis meses, sería de 63,6% y 74,2% para los clientes mayores de 500 kWh; entre un 30% y 35% para los medianos; y de un 10,2% y 11,9% para los menores”, detalló Galaz.
Para Rodrigo Castillo, quien fue director ejecutivo de Empresas Eléctricas por 15 años, el retraso de los decretos impide tener certeza de cuánto será finalmente el efecto combinado, pero asegura que los próximos decretos “van a implicar un incremento aún mayor”.
Castillo también destaca que, en su opinión, los mecanismos de estabilización están comenzando a operar de manera adecuada, ya que, “en algún momento, debía comenzar a reconocerse las tarifas reales”. Y si bien resalta también la segmentación contemplada en el mecanismo, que protege a clientes de menores consumos, sí ve necesario hacer ajustes para las pequeñas y medianas empresas.
“Hay una gran cantidad de pymes que están por sobre los 500 kWh de consumo, y que puede llegar a bastante más que eso, y que son muy dependientes de su consumo eléctrico. Y debería buscarse alternativas de colaboración, de ayudas porque de otras formas van a tener un sufrimiento todavía más grande”, indica.
