El proyecto de Ley de Presupuestos año 2024 totaliza $ 1.765.549 millones -unos US$ 2.100 millones- para los Gobiernos Regionales (GORE), lo que implica un incremento en 5,8% ($ 96.534 millones) respecto de la base de comparación año 2023, siendo esta la primera vez que existe una glosa separada especialmente para dichas instancias.
El documento también se hace cargo de las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y de Transparencia y el presupuesto considera una nueva estructura simplificada de glosas para los programas de inversión de los gobiernos regionales, pasando de 18 glosas en 2023 a 12 en 2024.
Respecto al funcionamiento Gobiernos Regionales, “se incluye el financiamiento operacional para servicios básicos y generales, materiales de oficina, arriendos, etc; y para la dotación de 2.370 funcionarios de planta y contrata. También se consideran recursos para firmar convenios de productividad entre los gobiernos regionales y la Dirección de Presupuestos”.
En inversión regional se estiman recursos por $ 1.648.783 millones, y se considera, en línea con el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, el financiamiento de la inversión de los Gobiernos regionales, mediante las siguientes fuentes: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); Fondo de Apoyo Regional (FAR); Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR); Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD); Fondo de Equidad Interregional (FEI); Transferencia desde Subsecretaría de Bienes Nacionales por la venta de bienes inmuebles fiscales; e ingresos por Derechos y Patentes.
«De acuerdo con el protocolo firmado durante la tramitación de la Ley del Royalty, se incluye el nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo con el equivalente al 50% de los recursos estimados a ser percibidos en el año 2025. A los recursos de este fondo se adicionan los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que, por su naturaleza, pasarán a formar parte de este fondo desde 2024”, se explicó.
Asimismo, se incluye por primera vez una metodología de distribución para el Fondo de Equidad Interregional, considerando las siguientes variables: brechas generadas por el FNDR, efectos del cambio climático, brechas regionales del PIB per cápita, efectos de la migración, y la capacidad de generar ingresos propios. Adicionalmente, considera un mecanismo de reasignación solidaria entre los GORE.
