Una mujer fue despedida de su trabajo en abril de 2023 tras quedar embarazada, en un caso que ahora concluyó con una millonaria indemnización. El Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles ordenó a la empresa pagar más de $7 millones, además de $700.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo, tras determinar que el despido fue una vulneración a sus derechos fundamentales.
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Detalles del Caso: El Despido por Embarazo
- Inicio del problema: La trabajadora descubrió su embarazo en febrero de 2023 y, temiendo la reacción de su empleador, optó por no informar a su jefatura. Sin embargo, comentó la noticia a una colega en las instalaciones de la empresa.
- Descubrimiento del empleador: El empleador se enteró del embarazo por las cámaras de seguridad, que también registraban audio.
- Negativa de formalización del contrato: La mujer solicitó formalizar su contrato para acceder a derechos como el pre y postnatal, pero la empresa rechazó repetidamente su petición.
Amenazas y Despido
- Advertencia previa: Según el testimonio de la afectada, su jefa directa le advirtió que si iba a la Inspección del Trabajo sería despedida de inmediato, mientras que, si no lo hacía, podría continuar trabajando sin contrato.
- Decisión de la trabajadora: La mujer decidió acudir a la Inspección del Trabajo, lo que resultó en su despido verbal el 3 de abril de 2023.
Fallo Judicial y Millonaria Indemnización
El Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles dictaminó que:
- Se vulneraron derechos fundamentales: El fallo estableció que la empresa violó los derechos a la integridad física y psíquica y a la no discriminación de la trabajadora.
- Indemnización total: La demandante deberá recibir más de $7 millones como compensación, además de $700.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo.
- Despido discriminatorio: El tribunal consideró que el despido fue injustificado y verbal, una infracción directa al marco legal vigente.
Este fallo subraya la importancia de garantizar los derechos laborales, especialmente para mujeres embarazadas, y refuerza las sanciones contra prácticas discriminatorias e informales en el ámbito laboral.
