Una investigación por uso de recursos públicos con fines electorales derivó en el ingreso de Carabineros a la casa del gobernador y a las oficinas del Gobierno Regional.
Las acciones fueron parte de un procedimiento voluntario, sin orden judicial, que se enmarca en una auditoría de Contraloría que detectó contrataciones irregulares.
Dispositivos entregados voluntariamente por Claudio Orrego
Durante la mañana de este lunes, funcionarios del OS7 de Carabineros se presentaron tanto en la vivienda del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, como en las dependencias del Gobierno Regional (GORE) para realizar diligencias solicitadas por la Fiscalía Oriente.
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La intervención policial no correspondió a un allanamiento, sino a una entrega voluntaria y coordinada con el Ministerio Público. Según indicó el GORE mediante un comunicado, el propio gobernador facilitó su celular y dispositivos electrónicos a la Fiscalía, reafirmando su disposición a colaborar en la investigación.
«Hoy se hizo entrega de tales dispositivos», indicó el equipo de Orrego, quien además se ofreció a declarar voluntariamente en el marco del caso.
Informe de Contraloría revela posibles desvíos de fondos
La investigación se basa en un extenso informe emitido por la Contraloría General de la República, que evidenció múltiples irregularidades en contrataciones y transferencias del Gobierno Regional Metropolitano.
Uno de los puntos más críticos detectados fue el pago de $31.366.179 por una supuesta asesoría para la gestión institucional de 2024. Sin embargo, las sesiones revisadas no estarían vinculadas a dicha función, sino que habrían abordado temas directamente relacionados con la campaña de reelección de Orrego.
«Se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional», detalla el informe.
Contrataciones cuestionadas por trato directo
Además del caso anterior, se observaron otras contrataciones mediante trato directo que no cumplirían con los requisitos legales exigidos. Entre ellas destaca:
- $51.753.665 en bienes y servicios sin respaldo normativo.
- $46.154.150 en pagos a la firma IDOM Consulting, sin acreditación de condiciones contractuales.
- $109.302.180 a AJEM Asesores y Consultores Limitada, sin justificación de idoneidad.
Debido a estos antecedentes, Contraloría ya inició un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas y remitió el caso al Ministerio Público.
Investigación en curso y principio de inocencia
La investigación aún está en fase preliminar y no existen imputaciones formales. El gobernador Orrego no ha sido acusado de delito alguno, y los hechos deberán ser esclarecidos por las instituciones correspondientes.
El comunicado del GORE insistió en que la diligencia fue voluntaria y que el equipo del gobernador seguirá colaborando activamente con la justicia para facilitar el desarrollo del proceso.
