La Fiscalía solicitó el allanamiento de la oficina de una jueza en Los Ángeles tras encontrar antecedentes de sobreseimiento en un caso de narcotráfico. La magistrada se suma a una investigación por cohecho y violación de secreto, en la que también están involucrados fiscales. El caso se mantiene en reserva y se investigan supuestos pagos a cambio de información sobre causas de narcotráfico. Diputadas han expresado preocupación por una posible corrupción de funcionarios públicos y han pedido acciones urgentes del Ministerio Público para restaurar la confianza pública en las instituciones.
Allanamiento por antecedentes de sobreseimiento
La Fiscalía ha solicitado el allanamiento de la oficina de una jueza en Los Ángeles, región del Bío Bío, después de encontrar antecedentes de sobreseimiento en un caso de narcotráfico. Este hecho ha llevado a la magistrada a formar parte de una investigación por cohecho y violación de secreto, en la cual también están involucrados al menos dos fiscales del Ministerio Público.
Supuestos pagos por información sobre causas de narcotráfico
La investigación, a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, se encuentra en curso desde hace más de un año. Hasta este momento, las diligencias estaban enfocadas en las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, esposas del defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, y del fiscal adjunto Rodrigo Durán, respectivamente. Los delitos investigados son cohecho y violación de secreto, relacionados con supuestos pagos a cambio del traspaso de información, principalmente sobre causas de narcotráfico, donde los imputados eran clientes de las abogadas.
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Importancia del sobreseimiento en la investigación
Según información proporcionada por Radio Bío Bío, la decisión de la Fiscalía de allanar el tribunal estaría relacionada con un caso específico de sobreseimiento dictado por la jueza respecto a un cliente de las abogadas Cortés y Romero. Esta audiencia habría sido programada sospechosamente por el encargado de sala. La causa, que se mantiene en reserva, ha generado preocupación en diputadas como Joanna Pérez, quien considera la posibilidad de una corrupción de funcionarios públicos. Además, la parlamentaria destaca la demora de la Fiscalía en establecer o descartar responsabilidades.
Preocupación por la confianza en las instituciones
La diputada Karen Medina, representante del distrito, coincide con la urgencia de acciones por parte del Ministerio Público para restaurar la confianza de la opinión pública en las instituciones. Mientras los fiscales María Gemita Rojas y Rodrigo Durán han estado un año alejados de sus funciones, la jueza Palomera continúa en su cargo pero está sometida a un sumario dirigido por un fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción.
