El pasado 15 de noviembre, en Club Hípico con calle Centenario, dos motoristas atacaron con una granada de mano a dos efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP), quienes los estaban fiscalizando. Tras el ataque, la cabo segunda de Carabineros, Rayén Curihuil (23), resultó con lesiones en el tórax y en una de sus piernas por las esquirlas del artefacto explosivo, y se mantuvo internada de gravedad en el hospital de la institución.
Un atacante abatido y otro entregado
Uno de los sujetos que perpetró el ataque fue abatido a tiros por el otro funcionario policial, quien utilizó su arma de servicio para repeler el ataque. El otro involucrado, quien habría accionado la granada, se entregó el 16 de noviembre y fue identificado bajo el nombre de Junior Meza García.
Revelaciones de una investigación
Seis meses después, en medio de la interceptación a las conversaciones telefónicas a funcionarios de Carabineros de la Segunda Comisaría de Santiago –en el marco de una investigación de la Fiscalía Centro Norte–, el nombre de Rayén Curihuil, la funcionaria atacada por la granada, volvió a reflotar.
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Una red de corrupción dentro de Carabineros
La investigación develó una red de corrupción al interior de Carabineros en la que se imputan delitos como cohecho, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos y tráfico de drogas.
- Las diligencias apuntan a indagar una serie de acciones y coordinaciones que habrían ejecutado los funcionarios para obtener réditos económicos entre 2022 y 2023, la mayoría de ellas realizadas en el Barrio Meiggs.
- Según explicó la fiscal jefa de análisis criminal Centro Norte, Marcela Adasme en la audiencia de formalización, los funcionarios policiales imputados se concertaron para –entre otras prácticas– ejercer controles de identidad de los cuales no dejaban registros, solicitar pagos a comerciantes y amenazar con cursar infracciones artificiales.
- Respecto al delito de cohecho, la persecutora detalló que los imputados recibían “aportes económicos a cambio de efectuar diligencias propias de su cargo u omitir diligencias”, y que tendrían relación con cobros de hasta $1,6 millones de pesos a cambio de otorgar seguridad a comerciantes chinos.
El entramado –según explicó el Ministerio Público– se inició a raíz de denuncias de civiles y del propio personal policial. En la indagatoria también participó el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, quien llevó adelante una reservada causa con tal de identificar a los funcionarios involucrados, que serán dados de baja, según informó el jefe de la zona Santiago Oeste, el general Marcelo Lepín.
Una conversación relevante
El 16 de noviembre, el mismo día que se entregó el segundo extranjero involucrado en el ataque a la cabo segundo de Carabineros, el funcionario policial Jaime Morales Cofré llamó a una de sus compañeras para comentar el ataque con granada a Rayén Curihuil, quien también pertenecía a la Segunda Comisaría. La conversación quedó registrada en la carpeta de investigación del caso y en ella Morales reconoce que mantiene una relación de amistad con la funcionaria víctima del ataque con granada.
- «La Rayén, sí po’, es mi amiga… Ayer estuvimos allá, no la pudimos ver, pero por lo que me dijeron los chiquillos estaba bien, le habían soltado la granada en la cara y en el pecho», dijo Morales a la otra funcionaria.
- En los 18 minutos y 32 segundos que duró la conversación, Morales también da indicios de que estaba al tanto de que sus conversaciones eran intervenidas. En las otras conversaciones del resto de los funcionarios policiales, además de los presuntos actos de corrupción, los policías hacen mención al tráfico y consumo de drogas y a la obtención de licencias fraudulentas.
